La efeméride internacional recuerda a la líder aymara y heroína de la resistencia indígena contra el dominio español en el Alto Perú durante el siglo XVIII. La referente de la Agrupación Coya `Madre Tierra` de San Nicolás, Rosalía Quipildor expresa: “Nuestro deseo es que las mujeres originarias se den a conocer y se unan para poder trabajar y proyectar nuestras sabidurías”.
Distintas organizaciones analizaron publicaciones y estadística sobre la problemática advirtiendo que la violencia contra las mujeres representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino también un impacto económico significativo, estimado en hasta el 5% del PIB en algunos países de la región. Entre los desafíos de precisión estiman que entre el 87% y el 95% de los casos no llegan a los registros formales. Argentina formó parte de los países evaluados.
Organizaciones feministas marcharon por el centro de Rosario para exigir medidas de prevención y protección ante la violencia de género. La movilización se realizó tras tres femicidios registrados en agosto y el ataque contra una joven de 18 años, quien permanece internada.
Legisladoras bonaerenses conformaron una mesa de trabajo para rechazar el proyecto de Carolina Losada que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio. Advirtieron que la reforma podría desalentar a víctimas de violencia de género y abuso sexual, mientras que esas causas representan apenas el 0,09% de las investigaciones penales analizadas.
La investigadora del Instituto Español de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) y miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Sonia de Pascual-Teresa Fernández, lanzó la advertencia cuando lo detectó en el marco de un estudio para el cual consultaba estadísticas. La evidencia acumulada en los últimos años confirma que el sesgo de género en salud no se limita al acceso o a la investigación, sino que atraviesa los propios procesos de diagnóstico y tratamiento.
En el Council de las Américas, el Presidente volvió a vincular la caída de la natalidad con el aborto legal. Pero los informes del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la natalidad cae desde 2014, mientras que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó en diciembre de 2020. Distintos espacios respondieron a las declaraciones con un análisis multicausal vinculado -entre otros factores- a cambios y tendencias en todo el mundo y la falta de políticas públicas.
"Ahora Que Sí Nos Ven" destacó que los datos permiten desarmar mitos y entender la urgencia de aplicar políticas públicas. Los varones del círculo íntimo representan los principales agresores, dado que en el 66,8% de los casos el femicida era la pareja o expareja de la víctima. Asimismo, el informe demuestra que el hogar no es un refugio: el 60,6% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o compartida, y el grupo etario de mayor incidencia fue el de 21 a 40 años.
Según un estudio de Poder Ciudadano y Transparencia Internacional difundido en abril pasado, en apenas un año el registro en Argentina pasó de 82 reportes en marzo de 2025 a 187 casos al mismo mes de 2026. En nuestro país, la corrupción sexual carece de una regulación específica, lo que puede dificultar su identificación, investigación y sanción. El documento reúne herramientas para que los organismos especializados actúen en estas situaciones.
Entre el domingo 2 y el martes 4 de agosto, en distintos puntos del país, se registraron cuatro femicidios en nuestro país. Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque y Débora Giuliana Bordón fueron asesinadas. Cuatro femicidios en dos días, una problemática que se agudiza. Distintas organizaciones advierten sobre la falta de políticas públicas, la perspectiva de género en la Justicia y el intento de pérdida de visibilidad de una realidad que no cesa.
ONU Mujeres, entre otras organizaciones, identificó que la disponibilidad limitada de albergues formales y alojamientos seguros y accesibles incrementa, además, los riesgos de sufrir violencia y explotación sexual, violencia basada en género y abuso. Muchas familias han preferido no entrar en los campamentos oficiales y se han instalado por su cuenta en plazas cercanas a sus viviendas dañadas. Existen dificultades para denunciar y recibir atención especializada.