Según un estudio de Poder Ciudadano y Transparencia Internacional difundido en abril pasado, en apenas un año el registro en Argentina pasó de 82 reportes en marzo de 2025 a 187 casos al mismo mes de 2026. En nuestro país, la corrupción sexual carece de una regulación específica, lo que puede dificultar su identificación, investigación y sanción. El documento reúne herramientas para que los organismos especializados actúen en estas situaciones.
De la Redacción de EL NORTE
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El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción (Foro FIAs y OAs) presentó el informe “Corrupción y perspectiva de género. Abordaje de la corrupción sexual/sextorsión en el ámbito de las fiscalías de investigaciones administrativas, oficinas anticorrupción y organismos equivalentes”. El documento reúne herramientas y recomendaciones para que los organismos especializados en integridad y lucha contra la corrupción puedan identificar, investigar e intervenir ante este tipo de hechos. En Argentina, el crecimiento de los casos detectados ha sido exponencial, con registros en todas las provincias.
El trabajo fue elaborado por el grupo de corrupción y género del Foro, que funciona desde 2020 bajo la coordinación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En los últimos años, el equipo centró su labor en la corrupción sexual o sextorsión, una problemática que requiere integrar las perspectivas de género y de lucha contra la corrupción para su adecuada identificación e investigación.
En ese sentido, el informe se inscribe en las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la materia, en particular las derivadas de la Resolución 10/10, aprobada en 2023 por la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que alienta a considerar la exigencia de actos sexuales mediante abuso de autoridad como una forma de corrupción.
El documento define la corrupción sexual o sextorsión como la conducta mediante la cual un funcionario o una funcionaria pública abusa de la autoridad que le fue conferida para obtener un acto de naturaleza sexual a cambio de un servicio o beneficio vinculado con el ejercicio de esa función. Señala que se trata de una modalidad en la que confluyen la corrupción y la violencia sexual, con un impacto específico y desproporcionado por género e identidad de género, que afecta principalmente a mujeres, niñas y personas trans.
Asimismo, advierte que en la Argentina la corrupción sexual carece de una regulación específica, lo que puede dificultar su identificación, investigación y sanción. Frente a ello, propone un abordaje integral desde el ámbito administrativo y disciplinario —competencia primaria de las oficinas que integran el Foro—, que articule las herramientas previstas en la normativa sobre ética pública y lucha contra la corrupción con las destinadas a prevenir y sancionar la violencia de género, a fin de aprovechar el marco normativo vigente para intervenir ante estos casos.
DIFICULTADES
Como parte del trabajo, los organismos que integran el grupo realizaron un relevamiento inicial en el que identificaron alrededor de 15 casos que podían encuadrarse como corrupción sexual o sextorsión. La búsqueda se complementó con el análisis de jurisprudencia, información publicada en medios de comunicación y consultas con operadores especializados.
A partir de ese relevamiento, el informe advierte la existencia de un subregistro vinculado, entre otros factores, con las dificultades para identificar este tipo de hechos, el desconocimiento del fenómeno, la baja cantidad de denuncias y los obstáculos para su tramitación. También señala que el temor a sufrir represalias y la percepción de que no existen ámbitos adecuados para denunciar contribuyen a la invisibilización de estas situaciones.
Los casos relevados se presentaron en contextos de vulnerabilidad o desigualdad estructural relacionados, entre otros ámbitos, con la provisión de servicios básicos, la atención de la salud, el acceso a la vivienda, los planes sociales y el empleo público. También se identificaron situaciones en contextos de encierro y vinculadas con la trata de personas con fines de explotación sexual.
MEDIDAS
A partir de la experiencia desarrollada y de talleres de análisis de casos, el documento formula una serie de recomendaciones para fortalecer la intervención de los organismos especializados. Entre otras medidas, propone incorporar la corrupción sexual en los canales de denuncia, actualizar los protocolos de actuación y optimizar la articulación entre entidades. Asimismo, destaca la necesidad de capacitar al personal y generar registros para producir estadísticas sobre estos casos.
Para la intervención frente a denuncias concretas, recomienda aplicar principios de confidencialidad, perspectiva de integridad pública y anticorrupción, presunción de buena fe, perspectiva de género e interseccional y un enfoque centrado en los derechos de las víctimas. En particular, recomienda evaluar medidas tempranas para proteger a las personas denunciantes frente a posibles represalias y evitar que las consecuencias de esas medidas recaigan sobre ellas.
El grupo de trabajo sobre corrupción y género funciona en el ámbito del Foro FIAs y OAs desde 2020. En una primera etapa abordó la relación entre corrupción y trata de personas y, en los últimos años, concentró su labor en el fenómeno de la corrupción sexual o sextorsión.
El trabajo contó además con la colaboración de la Fundación Poder Ciudadano y la Unión Argentina de Proveedores del Estado.
SITUACIÓN CRÍTICA Y MAPEO REGIONAL
Según un estudio de Poder Ciudadano y Transparencia Internacional difundido en abril pasado, en apenas un año el registro en Argentina pasó de 82 reportes de corrupción sexual en marzo de 2025 a 187 casos al mismo mes de 2026.
El estudio logró identificar un total de 430 casos de este delito en seis países: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y Argentina.
El informe tiene como objetivo visibilizar la “corrupción sexual”, un flagelo donde el abuso de poder se traduce en la exigencia de favores sexuales. Lo que en 2024 comenzó como una base de datos local en nuestro país se transformó en una herramienta regional que utiliza tecnología de Power BI para procesar información estandarizada.
Los hallazgos muestran un patrón claro: las víctimas son mayoritariamente mujeres (91%) y los agresores son casi en su totalidad varones (99%). Otros datos alarmantes indican que el 51% de los agresores atacó a más de una víctima y el 32% tiene acceso a armas.
El informe también revela disparidades en la agenda pública regional. Mientras que en Argentina y Chile los casos se concentran principalmente en el ámbito laboral estatal (66% y 73%, respectivamente), en países como Ecuador, Colombia, Honduras y Perú la corrupción sexual afecta más a los ciudadanos al momento de intentar ejercer sus derechos ante agentes estatales.
