Entre el domingo 2 y el martes 4 de agosto, en distintos puntos del país, se registraron cuatro femicidios en nuestro país. Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque y Débora Giuliana Bordón fueron asesinadas. Cuatro femicidios en dos días, una problemática que se agudiza. Distintas organizaciones advierten sobre la falta de políticas públicas, la perspectiva de género en la Justicia y el intento de pérdida de visibilidad de una realidad que no cesa.
De la Redacción de EL NORTE
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En Argentina, la violencia de género es una problemática que se agudiza: se registra una víctima fatal cada 35 horas. A modo de ejemplo, en dos días hubo cuatro femicidios en distintos puntos del país. Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque y Débora Giuliana Bordón fueron asesinadas entre el domingo 2 y el martes 4 de agosto.
En lo que va de 2026, el Observatorio ‘Ahora Que Sí Nos Ven’ contabilizó una víctima letal cada 35 horas. El 15% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente.
“No hay falsas denuncias, hay obstáculos para denunciar”, indicaron frente al proyecto de la senadora Carolina Losada sobre “falsas denuncias”.
La organización exigió al Estado nacional financiar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género, y rechazó las declaraciones de Javier Milei, quien afirmó que bajo su gobierno “se pulverizó la violencia contra las mujeres”.
El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, informó que desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año se registraron 142 víctimas fatales de violencia de género en el país: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
En ese período, 155 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% son menores de edad. Además, el 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 69% de los crímenes ocurrió dentro de la vivienda de la mujer o en el domicilio compartido con el agresor.
El informe también contabilizó 300 tentativas de femicidio, casos que continúan bajo seguimiento. Según el relevamiento, el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa y nueve de los agresores tenían medidas cautelares vigentes, datos que, según la organización, evidencian fallas en la protección judicial.
DESARTICULACIÓN DESDE EL ESTADO
En los últimos años, la estructura institucional destinada a abordar estas problemáticas sufrió desjerarquizaciones profundas. A mediados de 2024, el gobierno de Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, un organismo que había concentrado políticas nacionales vinculadas a la prevención y asistencia frente a la violencia de género. Sus funciones pasaron primero a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dentro del Ministerio de Capital Humano, y posteriormente fueron trasladadas a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. El cambio de estructura también se replicó en las provincias. Según distintos relevamientos, durante el primer año de la actual gestión nacional un porcentaje importante de organismos vinculados a género redujo su jerarquía institucional, mientras que disminuyeron los espacios específicos con rango ministerial dedicados a estas políticas.
Al mismo tiempo, organizaciones especializadas advierten sobre una fuerte reducción presupuestaria destinada a programas de prevención y asistencia. Entre ellos se encuentran dispositivos como el Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicosocial a mujeres y personas en situación de violencia, y la Línea 144, una herramienta histórica de atención y orientación para quienes necesitaban ayuda.
ADVERTENCIAS DE LA CASA DEL ENCUENTRO
La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, explicó en recientes declaraciones radiales que, además del retroceso en las políticas públicas, existe una dificultad creciente para registrar todos los casos. “Hoy monitoreamos únicamente lo que publican los medios de comunicación. Antes la agencia Télam tenía presencia en todo el país y permitía conocer incluso los casos ocurridos en zonas rurales. Esa información hoy está sesgada”, indicó.
La referente de la asociación civil sostuvo que el principal problema no es la ausencia de normativa, sino la falta de aplicación de las herramientas ya existentes. En ese marco mencionó especialmente la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009.
“Tenemos un Estado que niega que exista la violencia de género y, si se niega que exista, no se implementan políticas públicas para prevenirla. Cuando hablamos de femicidios ya es tarde; el trabajo tiene que estar puesto en la prevención”, afirmó.
También cuestionó la falta de implementación de la ley Brisa, destinada a brindar asistencia económica y acompañamiento integral a hijos e hijas de víctimas de femicidio. “Desde 2024 no hay nuevas altas. Las familias presentan toda la documentación, pero la ley está paralizada”, aseguró.
Otro de los puntos señalados por Rico fue la diferencia entre las estadísticas oficiales y las elaboradas por organizaciones de la sociedad civil. Y explicó que muchos asesinatos de mujeres no son incorporados como femicidios porque las investigaciones judiciales no contemplan la perspectiva de género. “Si quien caratula el caso no tiene una perspectiva de género y una mirada integral, esos femicidios no integran la estadística oficial”, advirtió.
FIGURA JURÍDICA ESPECÍFICA
El femicidio, incorporado al Código Penal argentino mediante la Ley 26.791 en 2012, reconoce una circunstancia específica: la muerte de una mujer mediando violencia de género. La figura jurídica fue creada para visibilizar que determinadas violencias responden a relaciones históricas de desigualdad y que, por tanto, requieren herramientas particulares de investigación, prevención y sanción.
El concepto de feminicidio, utilizado principalmente en el ámbito académico y por organismos internacionales, incorpora además la dimensión de la responsabilidad estatal: incluye los casos en que acciones u omisiones del Estado contribuyen a contextos de impunidad o desprotección. La distinción es relevante porque permite visibilizar no solo al agresor directo, sino también las fallas sistémicas que hacen posible ese crimen.
La diferencia práctica entre caratular un caso como homicidio o como femicidio tiene consecuencias concretas sobre el proceso judicial. Cuando una causa se investiga desde el inicio bajo la hipótesis de un posible femicidio o de violencia de género, las autoridades deben preservar pruebas con criterios específicos, reconstruir antecedentes de violencia previos, considerar el perfil de riesgo de la víctima y aplicar protocolos diseñados para este tipo de crímenes.
Herramientas como la Alerta Sofía, el protocolo de investigación de femicidios o las restricciones de acercamiento existentes en el marco de la Ley 26.485 solo pueden activarse o articularse eficazmente si hay una lectura temprana del caso desde la perspectiva de género. Si esa lectura llega tarde, o no llega, esas etapas se pierden y, con ellas, muchas veces, la posibilidad de reunir pruebas clave, orientar adecuadamente una búsqueda o incluso activar mecanismos de protección que podrían haber prevenido el desenlace.
