El escritor Hernán Casciari rechazó las acusaciones de 18 inversores de Orsai Audiovisuales, admitió errores de gestión y aseguró que uno de los proyectos “salió mal”, pero negó que haya existido una maniobra deliberada para perjudicar a quienes aportaron dinero.
Hernán Casciari salió a responder públicamente luego de que 18 inversores de Orsai Audiovisuales lo denunciaran por presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a películas y series. A través de un video publicado en sus redes sociales, el escritor rechazó de plano que el conflicto pueda ser definido como una estafa.
“No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto”, sostuvo Casciari, quien además difundió un código QR con acceso a planillas de gastos de las producciones cuestionadas. De esa manera, buscó respaldar su versión frente a los planteos de los aportantes, que reclaman mayor documentación sobre el destino del dinero.
“Hubo uno que salió mal”
Casciari reconoció que existieron errores dentro del esquema de producción de Orsai, aunque insistió en que no hubo una maniobra deliberada. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, afirmó.
Además, admitió fallas en la comunicación con algunos socios productores. Y señaló que durante 2025 ya había pedido disculpas por problemas vinculados a uno de los proyectos. “Nos equivocamos en un montón de cosas”, reconoció, aunque volvió a rechazar que esas equivocaciones constituyan una estafa o un esquema Ponzi.
La denuncia de los inversores
La causa fue impulsada por 18 personas que realizaron aportes de entre 50 y 3.000 dólares en distintas producciones de Orsai Audiovisuales. Los denunciantes cuestionan la falta de facturas, contratos y otros comprobantes, y también sostienen que habría existido movimiento de fondos entre proyectos sin consulta previa.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades con relevancia penal o si el conflicto se limita a diferencias vinculadas con la administración y los resultados de las producciones.
