La Legislatura fueguina avanza en la investigación por el radar de Tolhuin
NewsITe
La investigación política en torno al radar instalado en la localidad fueguina de Tolhuin sumará esta semana un capítulo clave. La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego convocó al juez Gustavo F. Gonzales para que brinde precisiones sobre las autorizaciones otorgadas a las empresas LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL, responsables de la instalación del equipamiento.
Según trascendió en ámbitos parlamentarios, el encuentro fue fijado para el jueves 25 de junio a las 14, y contará con la presencia del magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur. La citación se da en el marco de un expediente político que apunta a reconstruir la secuencia de decisiones administrativas que habilitaron la colocación del radar y de una estación terrena en la ciudad mediterránea.
La comisión está presidida por el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y tiene como mandato analizar, controlar y hacer un seguimiento de todos los actos administrativos que intervinieron en las autorizaciones a LeoLabs. Además, busca deslindar eventuales responsabilidades técnicas y políticas de los funcionarios provinciales y determinar si existieron o no vínculos con organismos del Gobierno nacional.
Un caso atravesado por la soberanía y el control del territorio
En una provincia históricamente atravesada por debates sobre soberanía, defensa y control territorial, la presencia de un radar operado por una firma extranjera despertó fuertes cuestionamientos institucionales. Diversos sectores políticos y sociales plantearon dudas sobre el alcance real del sistema, su finalidad, el intercambio de datos y el nivel de supervisión estatal sobre la infraestructura instalada.
Medios locales recordaron que el juez Gonzales ya había intervenido en instancias judiciales vinculadas al caso, por lo que su testimonio frente a la comisión legislativa resulta central para ordenar la información dispersa sobre permisos, contratos, registros y dictámenes técnicos. La Legislatura, por su parte, subrayó que el objetivo es “alcanzar la verdad” sobre lo ocurrido con el radar y su habilitación.
- Revisión integral de las autorizaciones administrativas otorgadas a LeoLabs.
- Análisis de posibles responsabilidades políticas de funcionarios provinciales.
- Eventual participación y control de organismos del Gobierno nacional.
La discusión excede la mera instalación técnica de un radar: se trata de una cadena de decisiones estatales bajo revisión, con impacto en la política de defensa y el control del espacio territorial fueguino.
Con la presencia del magistrado, la comisión parlamentaria buscará avanzar en la sistematización de la documentación disponible y en la reconstrucción cronológica de los actos administrativos. Se espera que, tras esta instancia, los legisladores definan nuevos pasos, que podrían incluir más citaciones y la elaboración de un informe final con recomendaciones políticas e institucionales sobre el futuro del radar y la regulación de este tipo de emprendimientos en la provincia.
