Tensión institucional en San Luis por el pedido de jury a una jueza
NewsITe
El gobierno de San Luis abrió un fuerte frente institucional al avanzar con un pedido de destitución y suspensión preventiva contra la jueza Cynthia Fernández Paz, a raíz de una resolución en la que se habrían fijado honorarios profesionales por más de $1.000 millones en una causa ambiental ligada al Parque Acueducto Vulpiani, en la localidad de Juana Koslay.
La denuncia fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento por la fiscal de Estado, Fabiana Zárate, siguiendo instrucciones directas del gobernador Claudio Poggi. En el escrito se acusa a la magistrada de “desconocimiento inexcusable y grave del derecho”, incumplimiento de deberes e irregularidades procedimentales que, según la mirada oficial, ponen en riesgo el patrimonio de la provincia.
El núcleo del conflicto está en un incidente de regulación de honorarios dentro de un expediente ambiental. Desde la administración puntana sostienen que un proceso inicialmente de monto indeterminado habría sido convertido en un juicio con valor económico concreto, lo que derivó en una carga millonaria para el Estado por una obra pública cuestionada y que, de acuerdo con la versión oficial, nunca llegó a ejecutarse.
Dimensión política y antecedentes del caso Vulpiani
La avanzada contra la jueza también despertó lecturas políticas. Medios locales recordaron que los reclamos ambientales que dieron origen a la causa Vulpiani fueron impulsados por sectores que hoy forman parte del oficialismo provincial. En aquel momento, durante la gestión anterior, se denunciaban posibles impactos negativos de la obra en Juana Koslay y Claudio Poggi, entonces candidato, acompañó públicamente esas críticas.
Desde el gobierno, sin embargo, niegan que el planteo persiga objetivos políticos y remarcan que el eje está puesto en la defensa de los recursos públicos. Zárate subrayó que la Fiscalía de Estado tiene la obligación legal de actuar cuando considera que decisiones judiciales generan un perjuicio económico considerable para la provincia, y que, por la magnitud del monto fijado, el caso debía ser llevado al Jury.
Impacto institucional y próximas definiciones
Otro elemento que enciende alarmas en la administración puntana es que, según la presentación difundida en medios de San Luis, en el juzgado de Fernández Paz se tramitan actualmente 37 expedientes en los que el Estado provincial figura como parte. Esa circunstancia refuerza el pedido de suspensión preventiva, ya que la continuidad o el apartamiento de la magistrada podría tener efectos directos sobre causas sensibles para la gestión.
Ahora, la decisión queda en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver si la denuncia es admisible, si corresponde hacer lugar a la suspensión preventiva de la jueza y, eventualmente, si avanza con un proceso de juicio político que podría derivar en su destitución. Mientras tanto, en San Luis el caso suma tensión al vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y se instala como uno de los debates institucionales de mayor voltaje en la agenda provincial.
La Fiscalía de Estado de San Luis sostiene que el reclamo ante el Jurado de Enjuiciamiento es necesario para “proteger el patrimonio provincial” frente a una regulación de honorarios que califican de desproporcionada.
El desenlace del caso será seguido de cerca no sólo por el ámbito judicial puntano, sino también por otros distritos, donde las discusiones sobre honorarios, responsabilidad del Estado y control de la función judicial ganan cada vez más relevancia.
