El Gobierno, bajo presión por el swap chino y las obras en Santa Cruz
NewsITe
El vínculo entre la Argentina de Javier Milei y la República Popular China atraviesa uno de sus momentos más delicados. A cinco meses del vencimiento del swap de monedas por 18.000 millones de dólares equivalente, el Gobierno tomó decisiones que en Beijing se leen como un claro endurecimiento de las condiciones hacia las empresas chinas y un gesto de alineamiento político con Washington.
El reciente decreto que modificó el régimen de contrataciones públicas amplió los criterios de exclusión para compañías sancionadas por organismos multilaterales, con causales más amplias que las vigentes hasta ahora. En la capital china interpretan que la medida apunta, de manera indirecta, a los grandes grupos de infraestructura y energía de origen chino que vienen participando en licitaciones de obra pública y servicios estratégicos en la región.
Al malestar regulatorio se suma el manejo político de la invitación formal que China cursó a Milei para una visita oficial durante este año. Desde la Casa Rosada hubo dilaciones y señales ambiguas, lo que alimentó la lectura de que el Gobierno argentino busca exhibir, ante Estados Unidos y sus aliados, un alineamiento casi sin matices con la Casa Blanca y, en particular, con la administración de Donald Trump.
Presión de Estados Unidos y dudas por las represas de Santa Cruz
En este contexto, tomó relevancia la presión ejercida por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien, según trascendió, habría desaconsejado fuertemente que la Argentina renueve el swap con China. Ese acuerdo de intercambio de monedas fue clave para evitar un default durante la gestión de Alberto Fernández y, luego, el propio Xi Jinping lo extendió por dos años a la administración Milei el 14 de junio de 2024.
En paralelo, la provincia de Santa Cruz reactivó los contactos con la banca china que financia las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, la mayor obra de infraestructura que China solventa fuera de sus fronteras. El gobierno provincial informó a las entidades asiáticas que pretende utilizar una línea de crédito pendiente de ejecución desde el cambio de gestión nacional.
Desde el Palacio de Hacienda, sin embargo, evitaron pronunciarse sobre esa decisión de Santa Cruz. En Beijing, en tanto, sólo manejan versiones extraoficiales según las cuales el Gobierno argentino estaría dispuesto, a lo sumo, a avanzar con la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño, mientras sigue empantanada la firma de la Addenda 12, demorada desde la etapa en la que Sergio Massa era ministro de Economía.
El swap de Damocles y el riesgo sobre el acuerdo con el FMI
El frente financiero agrega más tensión a la relación bilateral. El Banco Central tiene activado un tramo del swap por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 4.844 millones de dólares. Los vencimientos se concentran entre junio y julio: 21.000 millones de yuanes primero y otros 14.000 millones después. Si China decidiera no renovar ese tramo, la Argentina debería afrontar pagos de entre 2.750 y 5.000 millones de dólares a mitad de año.
No cubrir esos compromisos no sólo complicaría las reservas del Banco Central, sino que podría arrastrar el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, que se apoya en la expectativa de que el país logre sostener un nivel mínimo de liquidez externa. Consultoras privadas como MAP Latam estiman que la economía argentina necesitará alrededor de 50.000 millones de dólares en 2026 para transitar el año sin sobresaltos, combinando necesidades de cuenta corriente, vencimientos de deuda y recomposición de reservas.
En ese escenario, el swap con China funciona como una suerte de espada de Damocles sobre la política económica. Una caída abrupta de ese financiamiento, equivalente a unos 5.000 millones de dólares ya activados, podría encender una nueva crisis cambiaria y financiera. La evolución de las obras en Santa Cruz, la definición sobre la visita presidencial a Beijing y las señales hacia Washington se vuelven, así, piezas de un mismo tablero geopolítico y económico que el Gobierno deberá calibrar en los próximos meses.
