Amplían denuncia por presunto uso político de fondos viales
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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una ampliación de denuncia penal por el manejo del fideicomiso vial SISVIAL, en la que vinculó millonarios giros de fondos a la provincia de Santa Cruz con el comportamiento legislativo de diputados y senadores cercanos al gobernador Claudio Vidal. El planteo quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y busca determinar si los pagos fueron retenidos o acelerados para obtener respaldo político en el Congreso.
De acuerdo con la presentación, a la que accedió Noticias Argentinas, se analizaron 1.077 operaciones de pago efectuadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, comparándolas con el calendario de 35 votaciones en el Parlamento. El objetivo es establecer responsabilidades de funcionarios nacionales que habrían instruido o autorizado los desembolsos. Vidal no figura como imputado y, se aclara, la coincidencia temporal entre transferencias y sesiones no implica por sí sola la existencia de un acuerdo ilícito.
El foco político se concentra en dos giros relevantes a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. El primero se produjo el 21 de marzo de 2025, dos días después de que la Cámara de Diputados aprobara el decreto que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En aquella votación, José Luis Garrido, del espacio Por Santa Cruz y alineado con Vidal, acompañó al Gobierno nacional, mientras su compañero de bloque Sergio Acevedo se pronunció en contra.
Según el detalle incorporado al expediente, ese 21 de marzo el fideicomiso liberó $6.596 millones, de los cuales el 99% se concentró en beneficiarios de Santa Cruz. El pago principal, por $3.885 millones, fue transferido directamente a la vialidad provincial. Pagano calificó esa secuencia como un “premio a las 48 horas”, una hipótesis que, subraya, deberá ser confirmada o descartada mediante peritajes contables y documentales.
Los giros bajo la lupa y el pedido de transparencia
El segundo episodio señalado ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones. De acuerdo con la denuncia, se trató del único pago asignado a Santa Cruz durante los primeros cinco meses de ese año y se ubicó en la antesala de debates sobre zonas frías y otros proyectos de interés para el Poder Ejecutivo nacional. También se lo relaciona con un voto afirmativo de Garrido en esas discusiones.
La documentación analizada permite verificar montos, destinatarios y cercanía temporal con las votaciones, pero aún falta determinar cuándo cada certificado de obra quedó en condiciones legales de ser abonado. Esa diferencia resulta clave: un giro próximo a una sesión puede obedecer a un simple vencimiento administrativo o a una decisión discrecional. Por ello, Pagano reclamó que se coteje la fecha de exigibilidad de cada certificado con el día en que se ordenó el desembolso efectivo.
La reconstrucción también alcanza al comportamiento de los representantes santacruceños en otras instancias clave. En la votación general de la Ley Bases de junio de 2024, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra y luego se retiraron del recinto durante el tratamiento en particular. Esa actitud incidió en las mayorías de algunos artículos, aunque no puede contabilizarse como respaldo a la ley en su conjunto.
- Se investigan 1.077 pagos entre 2024 y 2026 vinculados a 35 votaciones.
- Dos giros a Vialidad de Santa Cruz concentran el principal foco judicial.
- No hay, al 18 de agosto, procesamientos ni condenas firmes en la causa.
La legisladora pidió que la Justicia requiera a Vialidad Nacional los convenios, certificados de obra y expedientes vinculados a los pagos a Santa Cruz. Solicitó además las actas completas de las sesiones analizadas y una pericia que determine si hubo obligaciones vencidas retenidas, pagos adelantados u alteraciones deliberadas en el orden de cancelación.
La hipótesis central de la denuncia abarca posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública, aunque se aclara que se trata de figuras jurídicas en análisis y no de imputaciones confirmadas.
En paralelo, la administración provincial enfrenta un reclamo concreto de transparencia: Vialidad de Santa Cruz podría identificar públicamente las obras asociadas a los $3.885 millones y $2.104 millones, detallar cuándo venció cada obligación e informar si existieron gestiones ante la Nación previas a los pagos. Los legisladores mencionados, por su parte, quedan interpelados a explicar si recibieron directivas partidarias, qué contactos mantuvieron con el Ejecutivo provincial y con funcionarios nacionales, y cómo se definieron los alineamientos internos en cada votación. El expediente apunta, en definitiva, a esclarecer si fondos con asignación específica se usaron como herramienta para condicionar decisiones políticas.
