Reforma constitucional en debate en San Luis
NewsITe
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, impulsó una reforma parcial de la Constitución provincial que ya despertó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos. El proyecto propone eliminar las elecciones legislativas de medio término y extender hasta 2031 los mandatos de los diputados y senadores que resulten electos en 2025, al sincronizar la renovación de las cámaras con los comicios a gobernador.
La iniciativa dio un primer paso esta semana, cuando el Senado provincial emitió despacho para tratar la declaración de necesidad de la reforma. Para avanzar, el oficialismo necesita una mayoría especial: seis de los nueve votos del Senado y 29 de los 43 diputados. Esa votación no modifica aún la Constitución, pero habilita la convocatoria a una Convención Constituyente de 52 miembros, equivalente al número de legisladores actuales.
El punto más sensible del texto es una cláusula transitoria que, con el argumento de ordenar el calendario electoral, llevaría de cuatro a seis años el mandato de quienes asuman en 2025. De prosperar, la próxima renovación completa de ambas cámaras quedaría fijada para 2031. Críticos de la iniciativa subrayan que quienes definirán la reforma son, al mismo tiempo, los principales beneficiarios de la prórroga de sus propios mandatos.
Choque político y cuestionamientos opositores
El sector Identidad Radical, una línea interna de la UCR puntana, calificó la propuesta como una vulneración de la soberanía popular y advirtió que los legisladores no deberían alterar a su favor el período para el que fueron elegidos. El Partido Justicialista, por su parte, rechazó el despacho legislativo y reclamó que el proyecto sea archivado o vuelva a comisión.
Entre los argumentos del PJ aparece la falta de audiencias públicas provinciales, la ausencia de consultas en los nueve departamentos y la inexistencia de mesas de diálogo con sectores sociales, económicos y académicos. También se señala que, si bien el proyecto ordena al Poder Ejecutivo asignar los fondos necesarios para la Convención Constituyente, no establece un tope presupuestario ni detalla el costo estimado del proceso.
Los cuestionamientos opositores se apoyan además en la situación económica y social de la provincia. Documentos legislativos citan una pobreza del 30,1% y una indigencia del 3,4% en el Gran San Luis para el segundo semestre de 2025, junto con una caída cercana al 6,8% del empleo privado formal desde fines de 2023, lo que implica la pérdida de más de 3.500 puestos de trabajo. Con esos datos, la oposición pone en duda que una reforma constitucional sea hoy la prioridad.
Alcance de la reforma y reelección de Poggi
El proyecto oficial argumenta que la extensión de mandatos es una consecuencia “transitoria” necesaria para eliminar las elecciones de medio término, reducir la frecuencia de las convocatorias a las urnas y unificar en una misma fecha la elección de gobernador, diputados y senadores. Desde el Gobierno sostienen que la medida aportaría estabilidad política y simplificaría el cronograma electoral provincial.
La iniciativa también toca de lleno el futuro político de Poggi. El texto fija un límite de dos mandatos para el cargo de gobernador y computa el período 2023-2027 como el primero. De ese modo, el actual mandatario quedaría habilitado para buscar la reelección en 2027 y, en caso de imponerse, llegar a 2031. El vicegobernador Ricardo Endeiza presentó esta cláusula como una “autolimitación” definitiva, negando que se trate de un intento de perpetuación en el poder.
La reforma incluye, además, otras modificaciones de calado institucional: amplía el período de sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre; incorpora el balotaje para la elección de gobernador; reconoce el acceso al agua como derecho humano; suma garantías sobre datos personales e inteligencia artificial; y fija un límite de 75 años para jueces y otros altos funcionarios.
Rol del Senado, poder judicial y alcance de la Convención
En el diseño propuesto, se mantiene el criterio de un senador por departamento, pero se otorga a la Cámara alta una participación reforzada en la designación de autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sectores de la UCR advierten que la combinación de mayores atribuciones, renovación total cada cuatro años y eliminación de elecciones intermedias podría concentrar poder en torno al Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales.
La futura Convención Constituyente, que se elegiría en la próxima elección general, tendría 60 días para sesionar, con la posibilidad de una prórroga por otros 30. Solo estaría habilitada a tratar los puntos expresamente fijados en la ley que declare necesaria la reforma. Sin embargo, la amplitud temática del proyecto obliga al oficialismo a precisar el alcance de cada cambio para reunir los dos tercios que exige la Constitución provincial.
No está probado que Poggi busque perpetuarse ni que la prórroga sea inválida, pero sí que los mandatos electos por cuatro años podrían extenderse a seis y que el Estado financiará una convención sin un tope de gasto informado hasta el momento.
Mientras se acerca el tratamiento legislativo decisivo, el debate por la reforma se encamina a convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión política en San Luis, con impacto directo en la representación parlamentaria, el equilibrio de poderes y el calendario electoral de la próxima década.
