La pérdida de una licitación clave para Techint, la evaluación de un recurso antidumping y una descalificación presidencial en redes marcaron una secuencia de tensiones entre el grupo industrial y el Gobierno Nacional.
La relación entre el Grupo Techint y el Gobierno Nacional ingresó en una fase de confrontación abierta a partir de la licitación para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La adjudicación a una empresa india, en detrimento del proveedor histórico local, activó una cadena de reacciones empresarias y políticas que terminó con un cruce público protagonizado por el propio presidente Javier Milei.
El proyecto, impulsado por el consorcio Southern Energy, contempla un ducto de entre 480 y 500 kilómetros entre Tratayén, en Neuquén, y San Antonio Este, en Río Negro, como parte del desarrollo de exportación de gas natural licuado. La adjudicación recayó en la firma india Welspun, cuya oferta fue, según datos de mercado difundidos por el Gobierno, alrededor de un 40% inferior a la presentada por Techint.
La licitación y la defensa oficial
La decisión fue defendida públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien argumentó que un menor costo de provisión mejora la rentabilidad del proyecto y su potencial de inversión, empleo y exportaciones. En redes sociales, el funcionario sostuvo que adjudicar ofertas más caras resulta “indefendible” y vinculó la decisión con la apertura económica y el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La licitación, realizada entre empresas privadas, tuvo un fuerte impacto político por el desplazamiento del Grupo Techint, tradicional proveedor de infraestructura energética en la Argentina. Welspun se impuso entre más de una decena de oferentes internacionales y fue seleccionada para suministrar tubos de acero de gran diámetro destinados al gasoducto.
La reacción de Techint y la vía antidumping
Tras la adjudicación, el Grupo Techint dejó trascender que evalúa presentar un recurso antidumping ante el Estado por la importación de tubos de origen indio fabricados con chapa china. La eventual presentación estaría a cargo de TenarisSiat, la compañía que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 trabajadores y sostiene una cadena de valor que, según la empresa, alcanza a unas 1.200 personas.
Desde Techint sostienen que la decisión de adquirir insumos importados perjudica la producción local y el empleo industrial. Paolo Rocca viene alertando desde hace años sobre lo que define como una competencia “desleal” de la siderurgia asiática y plantea que proyectos como Vaca Muerta podrían impulsar el agregado de valor nacional o, por el contrario, profundizar un esquema de primarización.
En el proceso licitatorio, Tenaris presentó una oferta inicial que rondó los 296 millones de dólares, luego mejorada en distintas instancias. Desde Southern Energy señalaron que, aun con esas revisiones, la propuesta no resultó la más competitiva y que algunas presentaciones se realizaron fuera de plazo, cuando la adjudicación ya estaba definida.
El cruce político y la intervención presidencial
La tensión escaló cuando el presidente Javier Milei se expresó públicamente a través de su cuenta en la red social X. En un mensaje en el que compartió argumentos difundidos por Sturzenegger, el mandatario calificó como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca y cuestionó la defensa empresaria tras la licitación perdida.
DESENMASCARANDO OPERADORES
— Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026
Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS…
VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd
El posteo se produjo luego de que Techint analizara avanzar con una denuncia por dumping y marcó un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el grupo industrial. La intervención directa del Presidente trasladó la disputa del plano técnico y económico a un terreno político y discursivo, profundizando la desavenencia.
Un conflicto abierto
La secuencia de hechos dejó expuestas dos miradas contrapuestas sobre el desarrollo energético y el rol del Estado. Mientras el Gobierno reivindica la competencia internacional y la reducción de costos como eje de su política, Techint cuestiona el impacto sobre la industria local y el empleo, y analiza recurrir a mecanismos formales para revertir la decisión.
Con contratos ya firmados y posiciones públicas endurecidas, el conflicto entre el Grupo Techint y la administración de Javier Milei permanece abierto y se proyecta como uno de los episodios más relevantes de tensión entre el Gobierno y el sector industrial en el inicio del año.
