Un hombre de 31 años, oriundo del sur rosarino y privado de la libertad desde hace doce años, enfrenta un nuevo juicio acusado de haber ordenado un asesinato mediante la contratación de un gatillero. La Fiscalía pidió prisión perpetua para los autores materiales.
Un hombre de 31 años, oriundo del sur rosarino y detenido desde 2014, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez imputado por instigar un homicidio desde una cárcel santafesina mediante el uso de teléfonos celulares. La causa expone nuevamente el fenómeno de presos comunes que, desde el encierro, se reconvierten en actores del crimen organizado.
Según la acusación, Joel Gabriel “JJ” Ibarra ordenó el asesinato de un hombre de 30 años, conocido como “el Cordobés”, quien fue ejecutado a tiros en marzo de 2023 en el pasaje Villar, en la zona sur de Rosario. La orden, de acuerdo con la investigación, fue impartida a través de mensajes de WhatsApp enviados desde la cárcel de Coronda, donde el imputado se encontraba alojado.
El ataque ocurrió en los primeros minutos del 4 de marzo de 2023, en un pasillo cercano al cruce de Chacabuco y pasaje Villar, prácticamente frente al domicilio de la víctima. Los atacantes efectuaron numerosos disparos: la Policía halló 14 vainas servidas y constató al menos nueve impactos de bala en un inmueble de la zona.
La Fiscalía sostiene que quien ejecutó la orden fue un joven de poco más de 20 años, junto con un cómplice aún no identificado. Para ambos acusados materiales, el Ministerio Público solicitó la pena de prisión perpetua, al considerar que se trató de un crimen premeditado y cometido con promesa remuneratoria.
La investigación permaneció sin avances públicos durante más de nueve meses. Días después del homicidio, un escrito intimidante apareció en una escuela primaria de la zona sur, en un contexto de sostenida violencia urbana. El mensaje señalaba al imputado como responsable de ordenar ataques armados desde prisión, lo que motivó la suspensión de clases en el establecimiento.
Ibarra se encuentra privado de la libertad desde enero de 2014, cuando fue detenido por la Tropa de Operaciones Especiales con dos pedidos de captura por homicidio. En diciembre de 2016 fue condenado a 20 años de prisión por dos asesinatos y una tentativa, fallo que quedó firme en 2017 tras ser confirmado en segunda instancia.
Además de este juicio, el imputado posee otra causa abierta vinculada a un plan para liberar a un detenido que era atendido por una enfermedad en un hospital público, episodio que derivó en el asesinato de un efectivo policial en noviembre de 2023. Según la investigación, esa orden también habría sido impartida desde una unidad penitenciaria, donde continuaba en contacto con el exterior.
El debate oral se desarrolla ante un tribunal penal, mientras la Fiscalía sostiene que el acusado mantuvo capacidad operativa para dirigir hechos de extrema violencia aun encontrándose bajo custodia del Servicio Penitenciario.
Con información de “Rosario3″…
