Ambos son dirigentes de organizaciones sociales acusados de retener el dinero de beneficiarios del plan Trabajar y de extorsionarlos para obligarlos a participar en movilizaciones. La causa contra Eduardo Belliboni (Polo Obrero) ya fue elevada a juicio oral, pero todavía no hay fechas definidas para las audiencias. El nicoleño Roque Frangolini (Libres del Sur) también podría ser convocado al banquillo de acusado en 2026. Aunque la etapa de investigación sigue abierta, fue procesado formalmente este año.
De la redacción de EL NORTE
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Este 2025 a punto de terminar dejó avances judiciales en dos causas que en su momento generaron indignación popular. Se trata de las denuncias centradas sobre los dirigentes políticos y sociales Eduardo Belliboni (Polo Obrero) y Roque Frangolini (Libres del Sur), acusados de extorsionar a los integrantes de sus organizaciones y de retener parte de sus asignaciones monetarias correspondientes al plan Trabajar. De cara a 2026, todo parece indicar que, uno en Comodoro Py y el otro en tribunales federales de Rosario, deberán sentarse en el banquillo de los acusados para someterse a juicio oral.
En abril de este año el juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y dispuso que Eduardo Belliboni y otras 17 personas vayan a juicio oral por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
Veinte días más tarde, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera Instancia Nº2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó por el delito de extorsión al referente de la agrupación política Libres del Sur en San Nicolás, quien según la acusación les exigía un porcentaje de lo que cobraban a 26 beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, y los obligaba a participar de marchas y acciones del espacio que representaba.
Belliboni
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, había dicho el fiscal federal Gerardo Pollicita en su dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a juicio oral como “jefe” de esa organización.
Junto con Belliboni también fueron enviados a juicio oral María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, en el comienzo del gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas si las personas que integraban organizaciones sociales eran obligadas a participar de la marcha del 20 de diciembre para recordar los crímenes ocurridos ese día del 2001 en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.
Hubo llamados y el gobierno hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el caso se obtuvo el testimonio como testigos protegidos de cinco personas. Además, fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y otra documentación.
La justicia determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 de pesos para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios pero “una importante parte de estos fueron administrados indebidamente”. “Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez Casanello en su resolución. Y agregó: “A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos”.
Frangolini
En San Nicolás, el juez Villafuerte Ruzo dio a conocer el 30 de abril pasado la resolución que avaló la imputación contra Roque Frangolini por el delito de extorsión que formuló el Ministerio Público Fiscal (MPF) en base a diversas evidencias.
El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera Instancia Nº2 de San Nicolás procesó por el delito de extorsión al referente local de la agrupación política Libres del Sur. Según la acusación que se investiga en la causa, el dirigente vecinal de barrio Los Provincianos les exigía un porcentaje de lo que cobraban a 26 beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, al tiempo que los obligaba a participar de marchas y acciones del espacio que representaba.
La causa se había iniciado en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Luego, por razones de jurisdicción, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás.
El juez sostuvo que “ejerciendo su rol dentro de la organización, solicitó indebidamente dinero en carácter de colaboración, contribución o aporte a los beneficiarios de planes sociales, bajo amenazas de suspender o darle de baja en caso de no entregarlo o no asistir a las marchas y movilizaciones; habiendo percibido el dinero en una cuenta bancaria personal y en mano durante las reuniones que convocaba la organización”.
