Imputan a cuatro reclusos por una red de estafas desde una cárcel de Jujuy
NewsITe
El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de una causa que tiene en la mira a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, acusados de integrar una organización criminal que utilizaba el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones. Según la investigación, desde las celdas de la unidad carcelaria coordinaban llamadas a familiares de personas privadas de la libertad y a dependencias oficiales.
Los imputados —identificados como C.M.A.A. (38 años, condenado por robo y violación de domicilio), R.A.R. (40, por robos y hurtos), S.A.L. (31, por tentativa de homicidio y robos) y W.R.V. (32, por homicidio simple)— ya purgan condenas por otros delitos, pero ahora enfrentan cargos por asociación ilícita, usurpación de autoridad, estafas reiteradas y extorsión mediante simulación de autoridad pública. De ser hallados culpables, podrían recibir penas que, en concurso, se ubican en rangos elevados del Código Penal.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la organización funcionó al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025, con base en el penal jujeño. Desde allí, utilizando teléfonos celulares y diversas líneas, se presentaban falsamente como Horacio Rosatti o como funcionarios de la Corte Suprema, requerían datos sobre detenidos a fuerzas de seguridad y luego se contactaban con familiares para exigir transferencias bancarias, bajo la falsa promesa de gestionar fianzas y libertades.
La maniobra no se agotaba en el ámbito judicial. La acusación describe episodios en los que los sospechosos también simulaban representar a empresas privadas y ofrecían premios inexistentes —como vehículos o servicios de telefonía satelital— a cambio de supuestos gastos administrativos. Las comunicaciones se apoyaban en perfiles de WhatsApp que mostraban fotos de Rosatti o de edificios judiciales y nombres como “Corte Suprema de Justicia”. Incluso utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
Allanamientos en el penal y teléfonos ocultos entre colchones
La pesquisa avanzó decisivamente tras los allanamientos realizados el 2 y 3 de diciembre de 2024 por la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina, en el Pabellón A, Sector 1, del penal N°7. En la celda compartida por S.A.L. y W.R.V. se encontró un celular oculto dentro de un colchón, considerado clave porque habría sido utilizado para el primer llamado a la Policía Federal y para varias comunicaciones con víctimas.
En otras celdas, entre ellas las de C.M.A.A. y R.A.R., los agentes hallaron anotaciones con números telefónicos, CBU, alias, nombres de titulares de cuentas y otros datos que coincidían con las escuchas judiciales. También se secuestraron tarjetas SIM y teléfonos escondidos en colchones, zócalos y techos. Las intervenciones telefónicas revelaron, además, que los internos advirtieron los procedimientos en curso y dieron órdenes para ocultar o retirar los elementos comprometidos.
En una de las comunicaciones interceptadas, se informó que “le habían caído a Trompila”, apodo con el que se identificaba a C.M.A.A. En otra, se recomendó sacar “el teléfono, las cuentas, todo”, lo que para la fiscalía confirma el conocimiento de la actividad ilícita y la existencia de un acuerdo entre los involucrados para sostener la operatoria y encubrir pruebas.
Roles dentro de la organización y el recorrido del dinero
Para el fiscal Picardi, la estructura de la banda estaba claramente distribuida. C.M.A.A. y R.A.R. habrían tenido a su cargo la planificación y realización de las llamadas, la obtención y utilización de datos sobre las víctimas y el manejo del dinero obtenido mediante engaños o presiones. Para concretar las operaciones financieras, se apoyaban en cuentas bancarias y billeteras virtuales de personas de su entorno, entre ellas parejas y allegadas.
En tanto, S.A.L. y W.R.V. habrían sido responsables de la obtención, guarda, circulación y ocultamiento de los teléfonos, tarjetas SIM y otros dispositivos usados en las maniobras. El aporte de ambos, según la acusación, fue esencial para que la organización pudiera mantenerse activa y sortear los controles propios del ámbito penitenciario.
La documentación bancaria reunida permitió determinar que el dinero no se dirigía a cuentas desconocidas, sino a personas vinculadas directamente con los imputados. Por ese motivo, el fiscal también pidió extraer testimonios para investigar la posible participación de tres mujeres cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir fondos y ordenó que sean citadas a declaración indagatoria. Ahora, será el juez el que defina si la causa avanza a la instancia de debate oral.
