UTEP lleva a la Corte el reclamo por Volver al Trabajo
NewsITe
La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar la baja del programa Volver al Trabajo y lograr la restitución del Salario Social Complementario para casi un millón de personas en situación de vulnerabilidad social.
El planteo judicial busca revertir un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, dictado el 13 de julio de 2026, que había hecho lugar a una apelación del Estado Nacional y dejó sin efecto una medida cautelar anterior del Juzgado Federal de Campana. Esa resolución de primera instancia obligaba al Poder Ejecutivo a mantener el pago de las asignaciones mensuales hasta que se resolviera el fondo de la cuestión.
En un escrito de 29 páginas, los representantes legales de la organización social sostienen que la decisión de la Cámara incurre en arbitrariedad al desconocer el carácter alimentario y de subsistencia del beneficio que fue dado de baja por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Según plantean, la interrupción del ingreso mensual vulnera derechos constitucionales básicos vinculados al trabajo, la seguridad social y la protección de sectores más desprotegidos.
El eje del reclamo: ingreso directo versus capacitaciones
Uno de los argumentos centrales del recurso presentado ante la Corte radica en la comparación entre el esquema del programa Volver al Trabajo y las alternativas que propone la cartera de Capital Humano, particularmente el programa Formando Capital Humano, presentado por el Gobierno como política de transición.
De acuerdo con datos oficiales incorporados al expediente, el padrón de Volver al Trabajo alcanzaba en su última liquidación a 917.740 beneficiarios, que percibían una asignación dineraria mensual. En contraste, la cantidad de personas inscriptas en las capacitaciones ofrecidas por el nuevo programa ronda las 136.000, una diferencia que, según la UTEP, evidencia la imposibilidad de cubrir al universo afectado.
En la presentación, los letrados remarcan que las nuevas medidas se basan en una oferta condicionada de cursos y vouchers, sujetos a cupos, vacantes e inscripción previa, y no en un ingreso directo y periódico. Por ese motivo, subrayan que la propuesta oficial no garantiza la cobertura de la canasta básica alimentaria para todas las familias que quedaron sin su prestación.
Argumentos constitucionales y escenario político
La UTEP fundamenta su reclamo en diversos artículos de la Constitución Nacional (entre ellos, 14 bis, 18, 28 y 75 incisos 19, 22 y 23), que establecen la obligación del Estado de asegurar condiciones de igualdad real y de protección especial a los sectores socialmente vulnerables. Desde esa óptica, la suspensión del Salario Social Complementario genera, según afirman, un “gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
- El beneficio tenía carácter alimentario y se destinaba a cubrir necesidades básicas de más de 900 mil familias.
- La Cámara de San Martín revocó la cautelar que obligaba a mantener los pagos hasta una decisión definitiva.
- El Gobierno defiende el reemplazo del programa por esquemas de formación laboral y vouchers.
- Las organizaciones sociales advierten que la mayoría de los afectados queda hoy sin ingreso directo.
“Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas”, señalan los abogados en el escrito.
En paralelo al camino judicial, la UTEP y otras organizaciones sociales realizaron distintas movilizaciones y actos públicos para presionar al Gobierno y exigir la restitución del programa. Sin embargo, desde el oficialismo ratificaron que no habrá marcha atrás con la decisión y sostienen que la reconversión de los planes es parte de una reforma estructural de la política social.
La intervención de la Corte Suprema será ahora clave para definir si el recorte dispuesto por el Ministerio de Capital Humano se mantiene o si, en cambio, se restablecen los pagos mientras se discute de fondo el alcance de los derechos sociales involucrados y el rol del Estado en la protección de los sectores más afectados por la crisis económica.
