El juez federal Rafecas declaró la incompetencia de su juzgado para investigar una denuncia por presunto lavado de activos formulada contra Pantano y Conte.
La justicia federal dio un giro en la investigación iniciada a partir de una denuncia por presunto lavado de activos contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. El juez Daniel Rafecas resolvió que su juzgado no es competente para intervenir y dispuso remitir el caso al fuero Penal Económico. La decisión respondió a que el hecho, según evaluó, se vincula con el orden económico y financiero.
El expediente se abrió tras la presentación formulada por Elisa Carrió junto con los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe. La denuncia señalaba la compra de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar, realizada por la empresa Real Central S.R.L. Ese predio incluiría autos de colección, caballos de carrera, un helipuerto y distintas instalaciones deportivas. Los denunciantes afirmaron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no permitirían justificar la operación.
El avance de la causa incorporó informes comerciales, documentación societaria, registros catastrales y material audiovisual. También aparecieron referencias a actividades deportivas y empresariales asociadas a Pantano, junto con versiones públicas que atribuían la verdadera propiedad a terceros no identificados formalmente.
En su resolución, Rafecas indicó que no se advierte un delito precedente de naturaleza federal ni elementos que habiliten la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal. Con ese criterio, ordenó enviar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que se realice el sorteo del juzgado que continuará la investigación.
