El Tribunal, a cargo de Néstor Costabel, transfirió el monto tras la orden de avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez de distintas cuentas, además de poco más de 4 millones de pesos provenientes de la subasta de dos aviones. La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, en cumplimiento de la orden de avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares.
El procedimiento se enmarca en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, por la cual Báez fue condenado. A comienzos de este mes, la Corte inició el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario.
Para avanzar con ese proceso, el máximo tribunal ordenó que se proceda a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación”.
El monto total del decomiso
De acuerdo con la condena dictada en abril de 2021 por el Tribunal Oral Federal 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esas cifras se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo original estableció que, una vez firme la sentencia, se debía ejecutar el decomiso sobre todos los bienes embargados. Esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025. En esa instancia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por los condenados.
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Tensiones por el control de los bienes decomisados
Desde que se conoció la sentencia, el proceso de decomiso generó controversias a partir de la emisión del Decreto 575/2025, mediante el cual el Gobierno nacional creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar esos activos.
La medida derivó en tensiones institucionales, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales administrar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial. En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials otorgó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al sostener que la norma altera de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afecta la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
La ruta del dinero K
Durante la etapa de instrucción de la causa, la Justicia determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, realizó maniobras de lavado de dinero vinculadas principalmente a la empresa Austral Construcciones, dirigida por Báez.
Según se acreditó, las operaciones se ejecutaron a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó tanto en el país como en el exterior, y que permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
El dinero depositado en el extranjero ingresó a cuentas de diversos bancos internacionales, generalmente ubicados en países con bajos controles fiscales, a nombre de otras personas jurídicas. Posteriormente, se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza destinada a la compra de acciones de Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del episodio conocido como “La Rosadita”, el tribunal dio por acreditadas maniobras de lavado independientes, como la compra de un campo en la provincia de Mendoza, la estancia El Carrizalejo, y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Del Libertador, por parte de Leonardo Fariña.
También se incluyeron el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de autos de alta gama, entre ellos un Ferrari California, un BMW X6 y un Audi R8 Spyder, con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
