El máximo tribunal refuerza la protección a usuarios y asociaciones
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó dos fallos clave en materia de defensa del consumidor, al revocar sentencias que imponían trabas económicas a asociaciones que impulsan acciones colectivas. En ambos casos, el máximo tribunal entendió que la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor otorgan un amparo especial a usuarios y entidades que los representan, lo que incluye el acceso a la justicia sin exigencias excesivas.
En uno de los expedientes, la Corte se pronunció en la causa “ACYMA Asociación Civil c/ Free Way S.R.L. s/ Ordinario”, donde la asociación de consumidores había solicitado litigar sin gastos en el marco de una acción colectiva contra una empresa mayorista de turismo. La Cámara Comercial había revocado el beneficio al exigir que la entidad probara falta de recursos conforme al artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al planteo de la asociación y remarcaron que, para las acciones colectivas de consumo, el beneficio de justicia gratuita previsto en los artículos 53 y 55 de la Ley 24.240 se aplica de manera automática. Es decir, no se exige demostrar una situación de pobreza para acceder a la exención de costas y tasas cuando se actúa en defensa de los consumidores.
Justicia gratuita y acceso efectivo a la defensa del consumidor
En su resolución, el máximo tribunal advirtió que la decisión de la Cámara incurría en un “defecto grave de fundamentación” que afectaba derechos de jerarquía constitucional. Recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza la protección de los consumidores y usuarios, y que ese mandato requiere facilitar el acceso a la justicia, no obstaculizarlo con requisitos formales que desnaturalicen las acciones colectivas.
Para la Corte, el beneficio de justicia gratuita “resulta esencial para hacer efectiva la protección” constitucional, de modo que entidades como ACYMA no pueden ser equiparadas a litigantes individuales que reclaman en causa propia. El fallo se inscribe en una línea jurisprudencial que reconoce el rol de las asociaciones civiles como actores centrales en la defensa de intereses colectivos frente a empresas y organismos reguladores.
En el segundo caso analizado, el tribunal trató un recurso de la Unión de Usuarios y Consumidores en una demanda iniciada en 2008 contra el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Estado Nacional y la empresa Gas Natural BAN S.A. La acción buscaba el reintegro de montos tarifarios cobrados retroactivamente tras la renegociación de tarifas de servicios públicos de 2002.
Costas procesales y precedente en favor de las asociaciones
Si bien la Corte declaró inadmisible el cuestionamiento de fondo vinculado al cuadro tarifario, sí hizo lugar al planteo referido a las costas del proceso. Apoyándose en su precedente en la causa “ADDUC y otros”, los jueces entendieron que no correspondía que la asociación asumiera la totalidad de los gastos, aun cuando no hubiera obtenido un resultado favorable en el reclamo principal.
Con esta decisión, el máximo tribunal refuerza la idea de que las asociaciones de consumidores no deben ser desalentadas a litigar por el temor a enfrentar altos costos si la sentencia no les resulta plenamente favorable. De lo contrario, se vería seriamente debilitada la posibilidad de controlar judicialmente la legalidad de aumentos tarifarios, prácticas abusivas o incumplimientos normativos en servicios esenciales.
- La Corte ratificó que el beneficio de justicia gratuita opera de forma automática en acciones de consumo.
- Reafirmó que asociaciones de usuarios y consumidores gozan de una protección constitucional específica.
- Limitó el impacto económico de las costas judiciales en causas colectivas.
“El beneficio de justicia gratuito resulta esencial para hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional confiere a los consumidores”, sostuvo la Corte Suprema en uno de los fallos.
Los pronunciamientos se leen como un mensaje claro a los tribunales inferiores: las acciones colectivas de consumo deben ser facilitadas y no obstaculizadas por criterios restrictivos en materia de costas y beneficios procesales. En un contexto de alta conflictividad por tarifas, servicios y aumentos de precios, la decisión fortalece a las organizaciones que representan a usuarios y consumidores en todo el país.
