El Presidente afirmó que Argentina evitó pagar USD 18.000 millones y calificó la decisión como un “hecho de trascendencia histórica”. También anunció cambios en la ley de Expropiaciones.
El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo favorable a Argentina en la causa por la estatización de YPF y aseguró que se logró gracias a la “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno”. El mandatario afirmó que con la decisión “se logró torcer el destino a nuestro favor”.
Durante un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei calificó el resultado como una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”. En ese sentido, sostuvo que el país evitó pagar 18 mil millones de dólares, monto que describió como “el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que consideró “virtualmente imposible” de afrontar.
“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó.
Críticas al kirchnerismo y anuncio de cambios
En su discurso, el Presidente cuestionó a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al advertir que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012.
“Nada puede estar más lejos de la verdad”, afirmó Milei y agregó que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”.
Además, consideró que “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicidia que podría habernos costado todo” y sostuvo que el actual Gobierno “levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”.
El mandatario también anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.
En esa línea, definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, sostuvo, “robar está mal”, y señaló que el proceso judicial implicó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.
