Familiares de víctimas llevaron al Congreso un proyecto para controlar todo el circuito de medicamentos de alto riesgo. Reclaman respuestas políticas tras la tragedia sanitaria. En paralelo, el juez Ernesto Kreplak avanzó con nuevas indagatorias, entre ellas la de la farmacéutica nicoleña Carolina Ansaldi.
De la Redacción de EL NORTE
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Mientras la causa judicial por el fentanilo contaminado suma movimientos en los tribunales federales de La Plata, familiares de las víctimas avanzaron en el plano político con la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para establecer un sistema de seguimiento integral de medicamentos de alto riesgo. La iniciativa busca evitar la repetición de una tragedia que dejó más de un centenar de fallecidos y que continúa bajo investigación judicial.
La presentación fue realizada este martes en el Congreso, impulsada por familiares de las víctimas y con el respaldo de la diputada nacional Marcela Pagano. El proyecto propone implementar un sistema obligatorio de seguimiento de los medicamentos desde su fabricación hasta su administración al paciente, con el objetivo de reforzar los controles en toda la cadena sanitaria.
El encuentro estuvo atravesado por un fuerte reclamo hacia la dirigencia política. “El Congreso ya tiene el diagnóstico y aún no actúa”, señalaron los familiares, en referencia a la falta de avances legislativos pese a las advertencias surgidas tras el escándalo sanitario.
Reclamos
En paralelo, la investigación judicial que tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, continúa avanzando sobre fallas de control, alertas previas y decisiones administrativas que no habrían impedido la producción y circulación del lote de fentanilo contaminado. En los últimos días, el expediente sumó nuevas ampliaciones de indagatoria a los imputados.
Durante la presentación en el Congreso participaron los diputados nacionales Esteban Paulón, Romina del Plá y, de manera virtual, Pablo Yedlin, además del legislador bonaerense Christian Castillo. Los familiares interpretaron la escasa presencia parlamentaria como una señal del lugar que aún ocupa el tema en la agenda política.
Uno de los ejes del reclamo apunta a las fallas en los organismos de control. Según expusieron, entre 2018 y 2024 se registraron 118 reportes por desvíos de calidad vinculados al grupo HLB–Ramallo, de los cuales la mayoría fue confirmada. También se detectaron al menos 65 expedientes por irregularidades graves.
En noviembre de 2024 una inspección había recomendado inhibir al laboratorio para la producción de medicamentos estériles, aunque la medida no se habría aplicado de forma efectiva. En febrero de 2025 una nueva advertencia tampoco derivó en una inhabilitación ni fue comunicada de manera adecuada al sistema de salud. En ese contexto, el laboratorio continuó produciendo y distribuyendo medicamentos, entre ellos el lote luego vinculado al brote.
A esto se suma, según denunciaron, una reducción de la capacidad operativa de la ANMAT, que en los últimos años registró más de 120 desvinculaciones y cuenta con alrededor de diez inspectores para supervisar más de 300 laboratorios en todo el país.
Pedido de sistema integral
El proyecto propone crear un sistema de seguimiento integral que permita rastrear cada medicamento de alto riesgo en todo su recorrido. La iniciativa prevé la identificación unívoca de cada unidad mediante tecnologías de serialización, con códigos únicos que permitan reconstruir el trayecto completo del producto ante cualquier alerta sanitaria.
Para los familiares, la ausencia de estas herramientas fue clave en la magnitud de la tragedia. Sostienen que la falta de un sistema unificado demoró la detección, dificultó el retiro de las ampollas y complicó la identificación de los pacientes afectados.
Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando y busca determinar responsabilidades dentro del circuito sanitario. Con nuevas indagatorias en marcha, el proceso se mantiene como uno de los ejes centrales de una investigación que, además de sus consecuencias penales, suma presión para avanzar hacia cambios estructurales en el sistema de control de medicamentos en la Argentina.
