Presos acusan a la conducción del penal por amenazas y represalias
NewsITe
Un grupo de internos del pabellón 1 de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), denunció al director del establecimiento, José Othasegui, por supuestas amenazas y castigos colectivos tras la difusión de escándalos ocurridos dentro de la cárcel.
Según consta en una presentación anónima a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los detenidos aseguran que Othasegui habría advertido que iba a “romper el pabellón” y disponer traslados masivos si continuaban viralizándose las situaciones de violencia y las denuncias judiciales relacionadas con el funcionamiento interno del penal y con un grupo de reclusos conocido como “La Comitiva” o “Limpiezas y Mantenimiento”.
Los internos relatan que, después de un atentado contra un preso identificado como García, alias “Panchi” —a quien le habrían incendiado la celda para silenciarlo—, el director citó uno por uno a los alojados en su despacho. En esas entrevistas, siempre según la denuncia, el funcionario habría manifestado que estaba “haciendo inteligencia” para identificar a quien presentó el hábeas corpus colectivo que puso bajo la lupa las condiciones de detención en el pabellón.
Amenazas, traslados y convivencia con agresores
De acuerdo con el escrito, Othasegui habría remarcado ante los internos que, si continuaban las filtraciones hacia el exterior, desarmaría el pabellón 1, trasladaría a todos “al campo” y conformaría un pabellón de población común, asegurando que esa medida incluso le resultaría conveniente y que contaría con el aval del Ministerio de Justicia bonaerense. Los denunciantes sostienen que interpretan estos dichos como un intento de silenciar denuncias y desalentar nuevos reclamos.
Los reclusos también sostienen que el director habría amenazado con hacerlos “lastimar” por otros internos de distintos pabellones, aprovechando que muchos de ellos trabajan fuera del sector y quedan expuestos. Aseguran que, a la fecha, persiste la convivencia entre víctimas y presuntos victimarios del ataque contra García, dado que la mayoría de los acusados permanece en el mismo pabellón, y sólo dos habrían sido trasladados.
Esta situación, apuntan, genera un clima permanente de temor entre los damnificados, que dicen vivir bajo la amenaza de nuevas represalias si avanzan las investigaciones o se conocen nuevos hechos hacia afuera de los muros del penal.
Castigos colectivos y retiro de colchones
Otro de los ejes de la denuncia refiere a supuestas medidas disciplinarias de tipo colectivo. Los internos afirman que, como respuesta a las presentaciones judiciales, las autoridades del SPB retiraron todos los colchones adicionales que había en el pabellón 1. Esos colchones, explican, eran utilizados por los recién llegados y por quienes no cuentan con cama, por lo que muchos quedaron directamente durmiendo en el piso.
Para los denunciantes, el retiro de esos elementos básicos habría sido “un castigo y represalia” vinculado en el tiempo con las amenazas atribuidas a Othasegui. Aseguran que los colchones fueron trasladados a otro pabellón, dejando a parte de la población detenida en condiciones que califican de inhumanas y contrarias a la normativa de derechos humanos.
En el escrito también describen procedimientos internos que, a su entender, constituyen “aprietes” durante lo que llaman “academias” y requisas: cada vez que ingresa la jefatura del penal al pabellón 1, los internos son obligados a entregar sus teléfonos celulares, que quedan sobre la mesa de la cocina, apagados. En ese contexto, denuncian que algunos agentes penitenciarios insultan, empujan y maltratan a los reclusos para que se formen con rapidez.
Pedidos de intervención y control externo
Ante la gravedad de los hechos que describen, los internos solicitaron que la Justicia ordene la restitución inmediata de todos los colchones retirados y garantice que cada detenido cuente con cama y colchón. Además, pidieron la intervención del Comité contra la Tortura para constatar el estado actual del pabellón y controlar las condiciones de alojamiento.
También reclamaron que se investigue el rol de las autoridades que habrían dispuesto las medidas denunciadas como represalia, así como la conducta del director del penal y del personal involucrado. La presentación busca que se proteja el derecho de los presos a denunciar situaciones de violencia y malos tratos sin ser perseguidos ni amenazados.
Por el momento, no trascendió una respuesta oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense ni del Ministerio de Justicia provincial sobre las acusaciones. La causa, impulsada mediante un hábeas corpus colectivo, podría derivar en inspecciones, sanciones administrativas y eventuales responsabilidades penales si se comprueban las irregularidades descriptas por los internos.
