Diputados pampeanos abren investigación por el caso del bebé de Rancul

NewsITe
La Cámara de Diputados de La Pampa dio un paso institucional clave en el denominado “caso Rancul”. La Comisión de Legislación Social y Salud emitió un dictamen unánime para crear una comisión investigadora que analizará el desempeño de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tras el polémico procedimiento en el que un bebé fue separado de la familia de contención que lo cuidaba de forma transitoria en la localidad norteña.
De acuerdo con lo resuelto, el nuevo cuerpo estará integrado por cuatro legisladoras, una por cada bloque con representación: Silvia Larreta, del oficialista FreJuPa; Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada; Gisela Cuadrado, de la UCR; y Noelia Viara, del PRO-MID. La decisión recoge y traslada al ámbito legislativo un reclamo que hasta ahora se expresaba en un acampe frente a la Casa de Gobierno y en presentaciones formales de la familia de contención ante las autoridades provinciales.
El conflicto tuvo su punto de mayor tensión el 7 de septiembre, cuando se concretó la entrega del bebé a la familia adoptiva seleccionada por la Justicia. Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz, quienes lo habían cuidado de manera transitoria, denunciaron que el operativo fue traumatizante, que no pudieron despedirse del niño y que la comunicación oficial fue escasa. Desde entonces mantienen una protesta pacífica frente a sedes del Ejecutivo y del Poder Legislativo provincial.
Oficialismo bajo presión y alcance de la investigación
El Gobierno pampeano defendió públicamente el procedimiento, al sostener que se limitó a cumplir una orden judicial y que se procuró la alternativa “menos violenta” posible para el niño. Sin embargo, la polémica no se agotó en esa explicación. El dictamen legislativo abre ahora una fase de control político e institucional sobre la actuación administrativa de los organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, encabezado por Diego Álvarez.
La comisión pondrá bajo la lupa a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Juan Pablo Bonino, y a la Dirección General conducida por Rodrigo Lofvall. El objetivo será diferenciar el estricto cumplimiento de la orden judicial de las decisiones administrativas, los registros del procedimiento, la comunicación con la familia de contención y el rol asumido por cada funcionario durante el operativo.
La señal política más fuerte surgió del propio oficialismo. Durante el debate, la diputada Silvia Larreta advirtió que “cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones”, y cuestionó el silencio institucional frente al reclamo. “Soy oficialista, del mismo gobierno al cual siempre defiendo cuando las cosas están bien y cuando están mal, no. Y esto está mal”, remarcó, dejando en claro que el caso genera tensiones dentro de la administración de Sergio Ziliotto.
Qué se evaluará y por qué es clave para la política de niñez
- La documentación de cada paso del operativo de entrega del bebé.
- La coordinación entre el Poder Judicial y los organismos administrativos.
- El trato brindado a la familia de contención y la información que recibieron.
- La eventual existencia de irregularidades o fallas de protocolo en el área de Niñez.
La existencia de control judicial sobre una medida de protección no exime al organismo provincial de documentar sus actuaciones ni convierte por sí sola las acusaciones en hechos probados. La comisión buscará precisamente esclarecer ese punto.
En La Pampa, como en el resto del país, los procedimientos de cuidado alternativo y adopción se encuentran bajo fuerte escrutinio social. El avance de una investigación unánime en Diputados aparece como un gesto de respuesta institucional a un conflicto que, más allá del desenlace particular, reabre el debate sobre cómo el Estado garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de alta sensibilidad.

