La resolución 7/2025 otorga aumentos a funcionarios que recorten empleados públicos. ATE repudia la medida y convoca a protestas.
El Gobierno nacional estableció una nueva política que premia con aumentos salariales a funcionarios que ejecuten recortes en la planta de empleados públicos. La decisión fue oficializada el viernes pasado mediante la resolución administrativa 7/2025, firmada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El incentivo se pagará en áreas que logren achicar su dotación de personal, generando ahorros presupuestarios.
Según el artículo 5° de la norma, los funcionarios recibirán “unidades retributivas adicionales” según la cantidad de empleados cesanteados. Este beneficio se aplicará exclusivamente a autoridades superiores incluidas en el régimen de Gabinete de Asesores. El Gobierno sostiene que se trata de “suplementos extraordinarios” vinculados a “indicadores objetivos de productividad”.
El cálculo de estos montos considera el valor de cada unidad retributiva (UR), la cantidad otorgada, el recorte de personal en cada área y el salario promedio del empleado público. La asignación quedará bajo la supervisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, junto con organismos técnicos del Ministerio de Economía.
Los funcionarios con cargos jerárquicos más altos percibirán hasta 10.000 UR. Secretarios, subsecretarios y otros cargos políticos recibirán valores menores, en una escala progresiva.
ATE denuncia que el Gobierno convierte los despidos en premios salariales
La resolución generó un fuerte rechazo por parte del sindicato de estatales ATE. El gremio calificó la medida como un “bono a la motosierra” y anunció una jornada nacional de protesta. Este jueves a las 12, trabajadores se movilizarán frente al Ministerio de Desregulación, en Alem y Viamonte, para exigir la reincorporación de despedidos.
“Esta gente vino al Estado a llenarse los bolsillos. Ahora les aumentan el sueldo a quienes más despidan. Esto no pasó nunca”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. La organización sindical denuncia que los fondos ahorrados por despidos irán directamente al bolsillo de funcionarios.
En redes sociales, el dirigente sostuvo que se trata de “mercenarios” que “cobran por hacer el trabajo sucio”. Además, acusó al Gobierno de usar los recortes para beneficiar a “CEOs fracasados” que reemplazaron a trabajadores estatales con funciones clave para la ciudadanía.
ATE también cuestionó la falta de negociación salarial con los empleados públicos. Mientras el Ejecutivo niega paritarias, otorga aumentos extraordinarios a funcionarios que reducen planteles laborales.
Crece el malestar sindical en medio del vencimiento de 50.000 contratos
La resolución 7/2025 fue publicada el viernes pasado, días antes del vencimiento de unos 50.000 contratos en la administración pública. La situación genera preocupación entre los trabajadores, que exigen la renovación automática antes del 31 de marzo.
“El Estado debe garantizar la continuidad laboral. No podemos esperar al paro de abril para reaccionar”, advirtió Aguiar. Según el gremio, la decisión administrativa implica un “desvío de fondos en detrimento del pueblo” y busca cubrir el costo fiscal de otras medidas económicas, como la baja de retenciones y la quita de impuestos a autos de alta gama.
El gremio asegura que la política actual no representa un verdadero ahorro, sino una redistribución regresiva de recursos. Además, recuerda que el FMI volvió a involucrarse en la economía argentina, lo que evidenciaría —según ATE— el fracaso del ajuste promovido por el Gobierno.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, no se pronunció sobre el tema. Solo se sumará al paro convocado por la CGT para el 10 de abril.
El oficialismo defiende la medida como parte del ajuste estatal
En paralelo al anuncio del gremio, Federico Sturzenegger publicó un gráfico que muestra una reducción del 34,9% en los cargos jerárquicos. “Menos cargos para funcionarios son menos impuestos para todos los argentinos”, celebró el funcionario en redes sociales.
El Gobierno insiste en que esta política forma parte de una transformación estructural del Estado. Javier Milei defendió en campaña la necesidad de eliminar cargos y organismos innecesarios, y ahora busca implementar esa idea con instrumentos concretos.
El bono por despidos se presenta como un estímulo para acelerar ese proceso. No obstante, los sindicatos denuncian un vaciamiento de áreas críticas, como salud, educación y atención ciudadana. La brecha entre trabajadores y funcionarios parece profundizarse.
En el medio, quedan miles de empleados con contratos precarios, incertidumbre laboral y sin una paritaria a la vista. El conflicto amenaza con escalar en los próximos días, mientras el Gobierno se aferra a su política de ajuste con incentivos.
