Luego de la cadena nacional en la que el Presidente anunció medidas para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, el Gobierno avanzó este viernes con las primeras sanciones económicas.
El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La administración nacional investigará posibles violaciones a las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. En caso de corroborarlas, avanzará con las sanciones correspondientes.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.
El Gobierno también ratificó su posición respecto de la soberanía sobre el archipiélago y cuestionó el avance de la explotación de sus recursos naturales.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”, agregaron.
El proyecto Sea Lion y el reclamo argentino
El anuncio llegó horas después de que Milei ratificara el reclamo argentino de soberanía durante una cadena nacional y cuestionara directamente el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y Rockhopper Exploration posee el 35% restante. El yacimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino.
Las compañías tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles.
El proyecto contempla una producción de 50.000 barriles diarios y prevé obtener el primer petróleo en marzo de 2028. El plan completo incluye más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.
La Cancillería argentina ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas compañías. El organismo las calificó como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos de la autoridad nacional competente.
Rockhopper Exploration ya había recibido una inhabilitación para operar en Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente mediante la Resolución 240/2022.
El Gobierno busca endurecer las sanciones
Milei aseguró que Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con diferentes proyectos en las islas. También anticipó un decreto reglamentario para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659.
El Presidente anunció además que enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar esa norma para endurecer las sanciones y ampliar su alcance.
La iniciativa también contempla a las empresas que presten servicios a quienes desarrollen explotaciones hidrocarburíferas en el área. A su vez, prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
Entre las medidas anunciadas, Milei también incluyó una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Según el mandatario, el proyecto permitirá convertir a la Argentina en un “polo logístico del Atlántico Sur” y reforzar las capacidades en telecomunicaciones.
La respuesta del Reino Unido
El Gobierno británico respondió al mensaje presidencial. Un portavoz de Downing Street señaló que las fuerzas armadas del Reino Unido “permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses” y sostuvo que las islas continuarán bajo administración británica mientras esa sea la voluntad de sus habitantes.
El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que las declaraciones de Milei respondían más a una cuestión de política interna argentina que a una modificación de la situación de las islas. El canciller Ed Miliband también sostuvo que el archipiélago continuará bajo administración británica por voluntad de sus habitantes.
Desde Londres afirmaron además que la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar sus recursos naturales, en referencia al proyecto impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La disputa de soberanía está reconocida desde 1965 por una resolución de Naciones Unidas que insta a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía diplomática y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de negociación.
