Río Grande endurece el reclamo por fondos coparticipables
NewsITe
El conflicto entre el gobierno de Tierra del Fuego y el municipio de Río Grande sumó un nuevo capítulo con la actualización del reclamo que encabeza el intendente Martín Pérez. Según los cálculos difundidos en las últimas horas, la administración provincial que conduce Gustavo Melella adeuda al municipio unos $18.000 millones en concepto de coparticipación, cifra que, de acuerdo con las autoridades locales, compromete seriamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
El reclamo se formalizó a través de una intimación al Ministerio de Economía fueguino y cuenta con el respaldo político del Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y otros organismos municipales. La queja central apunta a demoras que, según funcionarios riograndenses, llegan hasta los 45 días en la remisión de fondos que ya habrían ingresado a las arcas provinciales.
La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, definió la situación como un verdadero “ahogo financiero”. La funcionaria advirtió que el monto reclamado equivale a prácticamente todo el presupuesto anual del sistema de Salud municipal y subrayó que no se trata de una asistencia extraordinaria, sino de recursos que el municipio considera propios por su carácter coparticipable.
En la misma línea, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, vinculó el desfasaje financiero con la prestación de servicios esenciales: provisión de agua y cloacas, mantenimiento de los dispositivos de salud, funcionamiento del transporte público y asistencia alimentaria. Para el funcionario, el atraso en los giros responde más a una definición política del Ejecutivo provincial que a una mera dificultad administrativa.
Respaldo legislativo y preocupación por los salarios
El 26 de octubre, representantes del Ejecutivo municipal, concejales, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas se reunieron para evaluar el escenario y coordinar una estrategia común. Un día después, el Concejo Deliberante difundió una comunicación en la que expresó su acompañamiento al reclamo y adelantó la voluntad de solicitar una reunión directa con Melella para intentar destrabar la situación.
La presidenta del Concejo, Guadalupe Zamora, sostuvo que las transferencias que efectivamente llegan desde la Provincia alcanzan apenas para cubrir los salarios del personal, dejando un margen muy acotado para sostener el resto de las prestaciones municipales. Al mismo tiempo, remarcó que la exigencia de Río Grande no debe interpretarse como un pedido de auxilio, sino como un reclamo por la distribución correcta de fondos ya percibidos por la Provincia.
Impacto en la gestión municipal y escenario político
- El intendente Martín Pérez aseguró que el pago de haberes está garantizado, aunque admitió una creciente tensión financiera.
- El municipio reconoce la caída general de los ingresos provinciales, pero cuestiona el criterio de reparto interno.
- El conflicto suma respaldo político local y podría escalar a instancias judiciales si no hay respuesta del gobierno fueguino.
- Servicios básicos como salud, transporte y asistencia social aparecen como los más comprometidos ante la demora en los giros.
“No estamos pidiendo una ayuda extra, estamos reclamando recursos que ya ingresaron a la Provincia y que por ley deben ser coparticipados al Municipio”, enfatizó la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.
Mientras tanto, desde el entorno del intendente remarcan que el objetivo es garantizar previsibilidad para negociar futuras mejoras salariales con los trabajadores municipales y evitar un deterioro de los servicios básicos. Con un reclamo que ya se eleva a $18.000 millones, la tensión entre Río Grande y la administración de Gustavo Melella abre un nuevo frente político en Tierra del Fuego y suma preocupación en un contexto de caída de la recaudación y ajuste del gasto público en todo el país.
