Amplían la emisión de bonos para saldar compromisos con la obra pública
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó la ampliación de la emisión de títulos públicos por $221.119.509.519, destinada a cancelar deudas acumuladas con contratistas de obra pública. La decisión quedó plasmada en la Resolución Conjunta 59/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.
El esquema apunta a regularizar obligaciones vinculadas a proyectos de infraestructura y transporte que arrastran demoras en los pagos, en un contexto de fuerte ajuste del gasto y renegociación de contratos. Las empresas proveedoras del Estado tuvieron plazo hasta mediados de agosto para adherirse al régimen, que ofrece una salida financiera a través de instrumentos del Tesoro Nacional.
La medida se implementa en el marco del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública. Este mecanismo permite cancelar acreencias por certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, así como deudas derivadas de contratos que se hayan extinguido a partir de 2024.
Según detalla la resolución, los fondos se orientarán específicamente a atender pasivos de la Secretaría de Transporte y de la Secretaría de Obras Públicas, dos áreas clave para el desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y urbana. El objetivo oficial es descomprimir la situación financiera de las empresas constructoras y evitar la paralización definitiva de proyectos en marcha.
Cómo se compone la canasta de bonos para los contratistas
La cancelación de las obligaciones no se realizará en efectivo, sino mediante la entrega de una canasta de tres títulos públicos capitalizables en pesos, calculados a su valor técnico al día hábil anterior a la fecha de efectiva entrega.
- 33% en Letras Capitalizables (Lecap) con vencimiento el 30 de octubre de 2026, con un tope de ampliación de valor nominal original de $60.000 millones.
- 33% en Bonos Capitalizables (Boncap) con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un límite de valor nominal original de $51.000 millones.
- 34% en Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, con una ampliación máxima de valor nominal original de $60.000 millones.
Esta estructura busca escalonar los vencimientos y ofrecer a las empresas un horizonte de cobro previsible, aunque atado a la evolución de los títulos en el mercado y a la dinámica inflacionaria. La canasta de bonos se convierte así en una herramienta para descomprimir las cuentas fiscales en el corto plazo, trasladando los pagos a los próximos años.
La normativa faculta a los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y áreas técnicas del sector a suscribir la documentación necesaria para instrumentar las operaciones previstas.
Con esta ampliación de la emisión de títulos, el Gobierno intenta equilibrar dos objetivos: cumplir con compromisos asumidos en materia de obra pública y, al mismo tiempo, evitar un mayor impacto inmediato sobre el déficit fiscal. El resultado dependerá de la adhesión efectiva de los contratistas y de la capacidad del Estado para sostener, en paralelo, la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura que aún siguen en marcha.
