Un fallo que habilita la venta de tierras a extranjeros
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La Justicia Contencioso Administrativa Federal rechazó la medida cautelar presentada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Poder Ejecutivo nacional.
El juez Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, consideró que no se acreditaron las condiciones de “gravedad” y “urgencia” necesarias para dictar una cautelar que impidiera, de manera provisoria, la aplicación del artículo 154 del DNU, que dejó sin efecto la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Según el fallo al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el magistrado entendió que no se verifican circunstancias objetivamente impostergables que justifiquen paralizar de inmediato los efectos de la norma mientras avanza la causa principal. En los hechos, la decisión habilita que sigan vigentes las nuevas reglas que permiten la venta de tierras sin los límites a la extranjerización que establecía la ley derogada.
El planteo de los diputados y el antecedente de la Corte
Pichetto y Massot habían reclamado que se suspendiera de manera preventiva la aplicación del artículo cuestionado del DNU, al menos hasta que hubiera una sentencia de fondo. Argumentaron que, sin esa intervención judicial, podrían consolidarse operaciones de compra de tierras por parte de capitales extranjeros que luego serían difíciles de revertir sin afectar derechos adquiridos.
La presentación de los legisladores se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En ese pronunciamiento, el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo del asunto, pero sí sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata carecía de legitimación para impulsar la demanda.
Para Pichetto y Massot, la decisión de la Corte tuvo un efecto inmediato: permitió que el DNU 70/2023 desplegara plenamente sus disposiciones sobre la normativa de tierras rurales. Por eso insistieron en la necesidad de una cautelar urgente mientras se analiza la validez constitucional del decreto.
Críticas políticas y debate por la soberanía
Tras conocerse el rechazo del juez Alonso Regueira, Pichetto cuestionó la resolución y alertó sobre un posible impacto en el patrimonio nacional. El diputado sostuvo que, mientras se demora una definición judicial, pueden concretarse ventas de campos y territorios estratégicos a compradores extranjeros, lo que, a su entender, supone un riesgo para la soberanía y el control de los recursos naturales.
“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”, advirtió Pichetto en un mensaje publicado en la red social X.
El legislador también remarcó que incluso un rechazo rápido de la cautelar hubiese permitido recurrir más ágilmente a instancias superiores. “Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, agregó.
El debate por la Ley de Tierras se da en paralelo a la discusión en el Congreso del proyecto de Defensa de la Soberanía y a las acciones judiciales anunciadas por distintos gobernadores, como el de Misiones, que evalúan recurrir a la Justicia para limitar o frenar en sus provincias los efectos de la derogación. En ese contexto, la decisión conocida hoy suma un nuevo capítulo a la disputa política y jurídica en torno al modelo de regulación sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
