Crisis habitacional y pulseada política tras el adelanto electoral
NewsITe
El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, volvió a aprobar este martes dos decretos de emergencia en materia de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso apenas cuatro días antes. La decisión llega en un contexto de fuerte tensión política, luego de que el presidente anunciara el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
Las nuevas normas sostienen el núcleo de las medidas que habían caído el viernes pasado, aunque incorporan ajustes técnicos y deberán ser ahora convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano asume parte de las funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes, que se produjo justamente por la convocatoria anticipada a las urnas.
“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, explicó Sánchez en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo defendió el paquete como un conjunto de disposiciones “ambiciosas, razonables y necesarias”, orientadas a responder a lo que definió como una emergencia social vinculada al acceso a la vivienda.
Claves de los nuevos decretos de vivienda
Entre las iniciativas centrales se destaca la ampliación hasta 2030 de la protección frente a desalojos para personas en situación de vulnerabilidad, un punto especialmente sensible en un país atravesado por protestas y casos emblemáticos de desahucios. También se fijan límites a determinadas subas de alquileres y se regulan contratos temporarios y por habitaciones, así como operaciones de compra especulativa por parte de grandes fondos de inversión.
El paquete contempla además incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10% para los pisos turísticos y una reducción al 4% para viviendas protegidas. A esto se suma la puesta en marcha de mecanismos de financiación destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda, con un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a tasa cero, para el que el Gobierno prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros.
Uno de los decretos incluye también una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que vencen antes de fines de 2028 y limita las actualizaciones de las rentas. El segundo se orienta a establecer la renovación automática de los contratos de vivienda habitual, aunque su aplicación dependerá de la convalidación parlamentaria.
Una votación clave en la Diputación Permanente
Los decretos habían sido rechazados en el Congreso en una votación que significó uno de los golpes más duros para la coalición de gobierno integrada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. El principal texto cayó por 178 votos contra 172, con el voto en contra del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Con las Cortes ya disueltas, el escenario se traslada ahora a la Diputación Permanente, integrada por 68 legisladores más la presidenta del Congreso. La nueva correlación de fuerzas podría resultar más favorable para el Ejecutivo en al menos uno de los decretos, ya que el apoyo de Junts dejaría de ser imprescindible para alcanzar la mayoría. Sin embargo, la segunda norma enfrenta resistencias adicionales, en particular del Partido Nacionalista Vasco (PNV), crítico de la renovación automática de los contratos.
La vivienda, eje de una campaña cargada de tensión
La crisis habitacional se consolidó como uno de los ejes centrales de la campaña española, en un contexto de fuertes subas de alquileres y dificultades para acceder a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes y sectores de ingresos medios y bajos. En las últimas semanas se registraron protestas en distintas ciudades del país, que cobraron mayor visibilidad luego del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso generó una ola de indignación social.
Las movilizaciones se replicaron en puntos como Barcelona, donde miles de personas volvieron a salir a la calle y la protesta terminó con incidentes, detenidos y policías heridos. En ese marco, la decisión de Sánchez de insistir con los decretos fue leída por la oposición como una maniobra política tras el revés parlamentario.
Vox calificó la jugada como una “cacicada” y recordó que el Congreso ya había rechazado las normas cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.
Desde el Gobierno insisten en que seguirán tomando decisiones hasta las elecciones y sostienen que el paquete de vivienda es una respuesta urgente a la crisis social. El adelanto electoral coloca a la política habitacional del PSOE frente al cuestionamiento del PP de Alberto Núñez Feijóo y de Vox, mientras los distintos espacios afinan sus alianzas de cara a los comicios del 29 de noviembre.
