Vecinos denunciaron que la empresa continuó con movimientos de maquinaria y colocó un portón en calle Traverso, pese a la orden judicial que dispuso el cese inmediato de toda actividad vinculada al proyecto portuario en Ramallo. Advirtieron riesgos por el aislamiento de familias y reclamaron una intervención urgente del Municipio.
Una situación de extrema gravedad se registró en las últimas horas en la zona de Costa Pobre, donde la empresa Oramac habría continuado con tareas y movimientos de maquinaria pese a la vigencia de una medida cautelar dictada por la Justicia que ordena el cese inmediato de toda actividad vinculada al proyecto portuario en Ramallo. Vecinos del barrio denunciaron que, lejos de acatar la orden de “no innovar”, la firma profundizó sus acciones y avanzó con la instalación de un portón que bloquea uno de los accesos históricos al sector.
La resolución judicial, que se encuentra enmarcada dentro de una causa penal, establece la prohibición expresa de realizar desmontes, movimientos de suelo o cualquier tipo de intervención hasta tanto se cuente con las habilitaciones ambientales correspondientes. Sin embargo, durante la jornada del lunes se habría constatado la presencia de operarios y equipos trabajando dentro del predio, lo que encendió nuevamente las alarmas entre los habitantes del lugar.
Uno de los hechos que generó mayor preocupación fue la colocación de un portón sobre la calle Traverso, un camino que desde hace más de cuatro décadas constituye el principal acceso para numerosas familias que residen en Costa Pobre. Con esta obstrucción, decenas de viviendas quedaron prácticamente aisladas, ya que ese ingreso resulta fundamental no solo para la circulación diaria de los vecinos, sino también para el ingreso de ambulancias, patrulleros y otros servicios de emergencia.
La comunidad advirtió que el bloqueo del acceso agrava un escenario que ya era delicado, y que la continuidad de las tareas pese a la cautelar judicial configura un acto de desobediencia que podría derivar en nuevas responsabilidades legales. Además, los vecinos señalaron que la empresa no exhibió ninguna autorización que avale el cierre del camino, el cual es considerado un paso público o una servidumbre de paso de uso histórico y permanente.
En este contexto, los reclamos se multiplicaron y apuntaron directamente a la necesidad de una intervención urgente por parte del Municipio de Ramallo. Desde el barrio sostienen que el gobierno local tiene el deber de ejercer el control primario del territorio y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, así como también proteger los derechos de quienes habitan la zona.
La falta de respuestas oficiales incrementó la tensión, ya que hasta el momento no se conocieron comunicados que aclaren la situación ni acciones concretas destinadas a restablecer la libre circulación. Mientras tanto, los vecinos continúan organizándose para visibilizar el conflicto y exigir que se haga cumplir la orden judicial vigente.
La causa penal que se tramita investiga posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto portuario, incluyendo presuntas responsabilidades de funcionarios públicos y directivos vinculados a la obra. En ese marco, la continuidad de los trabajos y el bloqueo del acceso podrían reforzar las hipótesis delictivas que se encuentran bajo análisis.
