Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, se logró el respaldo necesario para dar media sanción a la iniciativa que declara la emergencia hasta 2026 y regula prestaciones.
La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia en discapacidad con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. La norma declara la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más. La iniciativa recompone las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada. Además, actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Durante el debate, la diputada Soledad Carrizo (UCR) pidió un sistema de discapacidad “razonable y coherente” para garantizar las necesidades del colectivo. Melina Giorgi (Democracia para Siempre) advirtió que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad”. Vanina Biasi (Frente de Izquierda) reclamó que el Estado asista con justicia y eficiencia. Eduardo Valdés (Unión por la Patria) denunció que los transportistas no pueden trabajar porque les pagan solo 500 pesos por kilómetro.
Santiago Pauli (La Libertad Avanza) defendió al Gobierno de Javier Milei y culpó a la gestión anterior por la emergencia. “La emergencia es toda de ustedes. Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, dijo. Agregó que en 2023 la inflación fue del 211% y el aumento para el sector de discapacidad fue solo de 93 puntos. También cuestionó el uso de las pensiones para “clientelismo político” con personas que no reunían requisitos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la medida será de entre 1,8 billones y 3,6 billones de pesos, según el número de beneficiarios. El refuerzo por desfasaje de 2024 demandará otros $278.323 millones. Además, el apoyo a los talleres de producción requerirá $7.160 millones adicionales. Los manifestantes exigieron respuestas inmediatas al Congreso.
Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Discapacidad, explicó que la ley tiene tres ejes: recomposición del nomenclador, revisión de las pensiones y eliminación del maltrato estatal. Criticó la auditoría del Gobierno que “desacomodó la vida cotidiana” con trámites excesivos. También denunció el uso de expresiones ofensivas en resoluciones oficiales y pidió respeto para las personas con discapacidad. “El sistema está afuera de la grieta y busca acompañar una crisis profunda”, afirmó.
El oficialismo, representado por Lilia Lemoine, alertó sobre la “utilización mediática y el abuso de menores de edad” en protestas políticas. Negó que el problema haya comenzado con la actual gestión y acusó al kirchnerismo de fraude en la entrega de pensiones. También señaló que en Formosa el 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) denunció que las pensiones se usaron como negocio político.
Martín Maquieyra (Pro) reconoció la situación crítica del sistema y pidió actualizar el nomenclador con celeridad. Melina Giorgi (Democracia para Siempre) insistió en no reducir el tema a un debate fiscal. Carla Carrizo (UCR) pidió una emergencia acotada y criticó la delegación de la política de discapacidad en el Poder Ejecutivo. Finalmente, la diputada Mónica Fein (Socialismo) exigió límites al Gobierno y respeto a los derechos humanos.
El proyecto aprobado ahora pasa al Senado, donde se definirá su sanción definitiva. La ley busca recomponer el sistema de prestaciones y atender las necesidades de las personas con discapacidad en el país. Organizaciones sociales y familiares aguardan una rápida definición ya que la sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país.
