Mientras el Congreso debate un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, en San Nicolás se alzaron voces unidas en reclamo de medidas urgentes. Familias, prestadores, personas con discapacidad y organizaciones sociales se movilizaron en Plaza Mitre para exigir respuestas.
De la redacción de EL NORTE
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En simultáneo con la sesión en la Cámara de Diputados donde se debate el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, personas con discapacidad, familiares, prestadores y terapeutas, junto a organizaciones sociales llevaron adelante una movilización para exigir respuestas urgentes ante la crítica situación del sector. La concentración se realizó durante el mediodía del miércoles en la Plaza Mitre.
La convocatoria unió a todos los actores vinculados a la discapacidad en la ciudad y refleja el reclamo federal que resuena hoy en todo el país: garantizar atención, inclusión y dignidad para quienes más lo necesitan. La jornada se desarrolló con una fuerte carga simbólica y política, mientras en el Congreso Nacional se define el futuro del proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
Desde el colectivo organizador, Autoconvocados por la Discapacidad SN, destacaron que “esta acción conjunta demuestra que la situación es límite y que ya no hay margen para más dilaciones”. “Nos unimos todos los sectores: familias, prestadores, acompañantes, pacientes. La ley debe sancionarse con urgencia, porque los derechos no pueden seguir siendo vulnerados”, sostiene Melina Berón, presidenta de Discapacitados en Lucha y referentes del Observatorio en Discapacidad.
Durante la manifestación se renovaron los reclamos que desde hace meses se visibilizan en distintas ciudades del país: aranceles congelados, pagos con demoras de hasta seis meses, tratamientos interrumpidos, sesiones reducidas, honorarios impagos desde enero y recortes en pensiones no contributivas. “El sistema está colapsado, los profesionales precarizados, y el Estado ausente. Estamos luchando para evitar un abandono total del sector”, afirmaron desde las organizaciones.
El proyecto de ley, impulsado por el diputado Daniel Arroyo y respaldado por legisladores de distintas fuerzas, propone una serie de medidas urgentes: regularización de pagos a prestadores, actualización mensual de aranceles, reforma del sistema de pensiones, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplimiento del cupo laboral en el Estado. Sin embargo, el Gobierno nacional ya manifestó su rechazo. La Agencia Nacional de Discapacidad lo calificó de “regresivo y asistencialista”, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó un eventual veto presidencial alegando falta de recursos.
Estas declaraciones profundizan el malestar entre quienes sostienen día a día un sistema que agoniza. “Las personas con discapacidad no pueden esperar. Cada tratamiento suspendido puede marcar la diferencia entre el avance y el retroceso, entre la vida y la muerte”, advirtió recientemente el especialista Gustavo Fulco.
La movilización en San Nicolás, así como en distintos puntos del país, se convirtió hoy en una expresión de unidad, resistencia y demanda de justicia social. En la calle y en el Congreso, la consigna es clara: sin derechos no hay inclusión.
