Comunidades mbya llevan su denuncia por desalojo hasta la ONU
NewsITe
Comunidades mbya guaraníes de la provincia de Misiones resolvieron acudir a organismos de las Naciones Unidas para denunciar lo que consideran un desalojo irregular, episodios de hostigamiento y una serie de intimidaciones posteriores contra siete familias de la aldea Puente Quemado II, ubicada en el municipio de Garuhapé.
El conflicto se agravó el 28 de julio, cuando unos 50 efectivos de la Policía de Misiones ejecutaron una orden de desalojo sobre tierras que la comunidad reconoce como parte de su territorio ancestral. Esas parcelas, según se remarca desde las organizaciones que acompañan a las familias, habían sido relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios.
La medida judicial se originó en un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien sostiene tener derechos de propiedad sobre el inmueble. Representantes de la comunidad y su defensa indicaron que, antes del operativo policial, habían presentado una apelación con efecto suspensivo, por lo que cuestionan que el desalojo se haya concretado sin que esa instancia estuviera resuelta.
Tras el procedimiento, el fiscal Héctor Daniel Simón pidió revisar la resolución o elevarla a la Cámara de Apelaciones, al considerar que se trata de un conflicto con aristas constitucionales sensibles, vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.
Denuncias por destrucción, amenazas y aislamiento
Las familias mbya regresaron al territorio el 2 de agosto y denunciaron que encontraron viviendas y cultivos destruidos. A esa situación se sumó la circulación de un audio en el que un hombre le advierte a un remisero que no vuelva a trasladar integrantes de la comunidad porque lo tendrían “marcado los milicos”. El mensaje generó temor entre trabajadores del transporte local.
De acuerdo con el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMiPA), el remisero dejó de prestar servicio hacia la zona y otros choferes habrían tomado la misma decisión, lo que deja a la comunidad prácticamente aislada. Puente Quemado II se ubica a unos 30 kilómetros del casco urbano de Garuhapé y no cuenta con un servicio regular de colectivos, por lo que la suspensión de traslados dificulta el acceso a alimentos, atención de salud, trámites y asistencia jurídica.
EMiPA también cuestionó una presentación judicial de la parte que reclama la titularidad de las tierras, en la que —según la organización— se habría pedido la detención de una de sus integrantes, el secuestro de vehículos utilizados para llegar a la aldea y la presencia permanente de efectivos policiales en la zona. Todas estas acusaciones forman parte de la versión de la entidad y deberán ser analizadas por la Justicia.
Responsabilidades políticas y mirada internacional
Más allá del proceso judicial, las denuncias volvieron a poner bajo la lupa el rol de la Policía de Misiones y del Poder Ejecutivo provincial, encabezado por Hugo Passalacqua. Diversas organizaciones remarcan que el gobierno no puede limitar el caso a un conflicto entre particulares, ya que la fuerza de seguridad involucrada depende directamente de la Provincia y los señalamientos por hostigamiento apuntan a agentes policiales.
En ese marco, se reclama que el Ejecutivo esclarezca quién diseñó el operativo de desalojo, qué instrucciones recibieron los efectivos y qué ocurrió con las viviendas y cultivos tras la salida de las familias. También se exige preservar el audio difundido, identificar a su autor y garantizar que transportistas y vecinos puedan circular sin presiones ni amenazas por brindar asistencia a la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, cuando comunidades indígenas sienten que deben recurrir a la ONU para buscar protección frente a una fuerza de seguridad provincial y a la Justicia local, el conflicto deja de ser solo una disputa de tierras y se transforma en un síntoma de desconfianza institucional.
Mientras avanzan las presentaciones ante Naciones Unidas y se aguardan definiciones de la Justicia misionera, referentes mbya y entidades de acompañamiento insisten en la necesidad de una investigación transparente, que contemple tanto los derechos invocados por el empresario como el relevamiento territorial existente y las garantías constitucionales que amparan a los pueblos originarios en la Argentina.
