Tensión en Tucumán por 25 causas paralizadas del caso Paulina Lebbos
NewsITe
A más de dos décadas del crimen de Paulina Lebbos, el histórico reclamo de su padre volvió a encender alarmas institucionales en Tucumán. Alberto Lebbos denunció que al menos 25 causas derivadas del expediente principal permanecen virtualmente paralizadas, con el riesgo de que funcionarios y presuntos encubridores eludan una eventual condena por el paso del tiempo y la prescripción.
Según trascendió, Lebbos presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia de la Nación para solicitar la intervención del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI). El objetivo es que el organismo audite en detalle esos expedientes, verifique qué medidas se dispusieron desde la sentencia firme del 25 de febrero de 2019 y determine quiénes son responsables de la inacción.
El reclamo apunta de forma directa al Ministerio Público Fiscal de Tucumán, encabezado por Edmundo Jiménez. De acuerdo con la presentación, habrían transcurrido más de siete años desde aquel fallo sin que la parte querellante pueda acceder al estado procesal de las 25 causas. Pese a que las pruebas se encuentran acumuladas en el expediente principal, la familia Lebbos no consigue información precisa sobre medidas tomadas, fiscalías intervinientes ni plazos de prescripción.
Un caso emblemático y una deuda de la Justicia tucumana
Paulina Lebbos desapareció en febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado trece días después, a la vera de una ruta provincial. A casi veinte años del hecho, no hay condenados como autores materiales del homicidio. En mayo de 2016, la Justicia absolvió al principal acusado, César Soto, mientras que otras nueve personas resultaron condenadas en distintos procesos por maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación.
Entre los antecedentes más resonantes se encuentra la condena al exfiscal Carlos Albaca, señalado por haber frenado y desviado durante años las pesquisas. Para los tribunales, el funcionario que debía esclarecer el crimen terminó bloqueando el acceso a la verdad. Ese contexto alimenta la preocupación actual: si 25 causas derivadas siguen sin avances concretos, la posibilidad de que nunca se determinen responsabilidades vuelve a ganar terreno.
Exigen transparencia y control institucional
La presentación de Lebbos no sólo involucra al Ministerio Público Fiscal, sino que también interpela al gobierno provincial de Osvaldo Jaldo. Aunque la independencia judicial es un principio básico, desde el entorno del querellante sostienen que el Poder Ejecutivo debe garantizar que todos los organismos colaboren con las auditorías, resguarden la documentación y brinden información verificable a la familia sobre cada expediente.
- Publicación de la carátula y fiscalía interviniente en cada causa derivada.
- Detalle de la última medida procesal adoptada y diligencias pendientes.
- Información clara sobre los plazos de prescripción y riesgos de caducidad.
“La autonomía del Poder Judicial no puede transformarse en una zona de silencio ni en refugio para la impunidad”, sostuvo el entorno de la familia Lebbos al reclamar transparencia y control externo.
Para los allegados a la víctima, si las causas avanzaron, una comunicación abierta permitiría desmentir las sospechas. Pero si se comprueba que permanecen inmóviles, la responsabilidad institucional ya no podrá soslayarse. El derrotero del caso Lebbos, atravesado por irregularidades, encubrimientos y fallas estatales, se encamina así a un nuevo capítulo clave: determinar si el Estado tucumano está dispuesto a romper definitivamente con la impunidad.
