Desigualdad en la representación: un problema que la democracia arrastra
NewsITe
El sistema electoral argentino presenta una distorsión estructural que impacta de lleno en la calidad de la representación política: la desproporción en la distribución de bancas en la Cámara de Diputados. Aunque el debate suele concentrarse en la competencia entre partidos, detrás de escena opera un conjunto de reglas que, en los hechos, hacen que el voto de algunos ciudadanos pese mucho más que el de otros.
En la teoría constitucional, la Cámara de Diputados debe responder a un criterio poblacional. El artículo 45 de la Constitución establece que el número de representantes debe guardar relación con la cantidad de habitantes de cada distrito, fijando una base de un diputado cada 33.000 personas o fracción no menor de 16.500. Sin embargo, la práctica se ha ido alejando de esa premisa, generando lo que los especialistas denominan malapportionment o malaproporcionamiento.
Este concepto describe la distribución desigual de escaños entre distritos con poblaciones muy distintas. En la Argentina, uno de los factores decisivos fue la Ley 22.847, sancionada durante la última dictadura militar y aún vigente, que fijó un piso mínimo de cinco diputados por distrito. Esa cláusula, pensada para garantizar presencia de las provincias más pequeñas, terminó sobrerrepresentando de manera marcada a algunas jurisdicciones y castigando a otras con mucha población.
Los ejemplos son elocuentes. La provincia de Buenos Aires, con unos 17,5 millones de habitantes, elige 70 diputados, lo que equivale a aproximadamente 250.000 habitantes por banca. Tierra del Fuego, en cambio, con cerca de 186.000 habitantes, también elige cinco diputados, es decir, alrededor de 37.000 habitantes por representante. En términos estrictamente numéricos, el voto de un fueguino termina valiendo casi 7 veces más que el de un bonaerense.
Cuando el peso del voto cambia según el distrito
La desigualdad no se limita a los extremos. Córdoba, por ejemplo, cuenta con unos 3,84 millones de habitantes, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los 3,12 millones. Aun así, CABA elige 25 diputados y Córdoba solo 18. El resultado es una sobrerrepresentación porteña frente a una provincia con mayor población, que se suma a la ya conocida subrepresentación bonaerense.
En el Senado, la lógica es distinta: cada provincia tiene tres bancas, sin importar su población. Allí se privilegia de manera explícita el criterio territorial. Pero en Diputados, donde debería primar el principio “una persona, un voto”, se superpusieron dos fuentes de desproporción: el piso mínimo de cinco bancas y la falta de actualización de la representación tras cada censo nacional.
La Cámara Nacional Electoral ha señalado en reiteradas oportunidades la necesidad de adecuar la composición de Diputados al mandato constitucional. Sin embargo, también remarcó que la solución corresponde al Congreso, para no vulnerar la división de poderes. El problema, advierten los especialistas, es político: cualquier corrección significativa implicaría que algunas provincias pierdan bancas o que se incremente fuertemente el número total de diputados.
- Quitar bancas a provincias sobrerrepresentadas requiere el voto de sus propios legisladores.
- Aumentar la cantidad total de bancas hasta equiparar plenamente la representación llevaría la Cámara a un número considerado políticamente inviable.
- Las salidas intermedias —ampliar el cuerpo a 350 o 400 miembros y favorecer a los distritos hoy subrepresentados— también enfrentan resistencias por el costo político ante la opinión pública.
La desproporcionalidad electoral argentina se mantiene por falta de acuerdos políticos, pese a que la Justicia ya advirtió sobre la tensión con el texto constitucional.
Mientras tanto, el país convive con un esquema que, en los hechos, vulnera el principio de igualdad del voto. Resolverlo exige un consenso amplio entre fuerzas políticas y provincias, en un contexto de alta polarización y desconfianza. Hasta que ese acuerdo no llegue, la desproporción en la representación seguirá siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.
