Debate por la representación política en la Cámara baja
NewsITe
La integración de la Cámara de Diputados de la Nación quedó congelada en parámetros demográficos de hace más de cuatro décadas. Mientras la población argentina creció un 64% desde el censo de 1980, la distribución de las 257 bancas entre los 24 distritos sigue atada a una ley de la última dictadura, la N° 22.847, nunca actualizada según lo ordena la Constitución Nacional.
Esa norma fijó una base de un diputado cada 161.000 habitantes, un adicional uniforme de tres bancas por distrito y un piso mínimo de cinco representantes. Además, incorporó reglas transitorias que garantizaron que ninguna jurisdicción pudiera perder bancas respecto de la situación previa al golpe de 1976, lo que terminó beneficiando especialmente a la entonces Capital Federal y a Santa Fe. Más tarde, la provincialización de Tierra del Fuego llevó el total a las actuales 257 bancas.
Hoy esos criterios son cuestionados por generar una marcada desproporción en la representación. Distritos con poblaciones similares o mayores que la de la Ciudad de Buenos Aires eligen menos diputados. Córdoba, con 3,84 millones de habitantes, tiene 18 bancas; Santa Fe, con 3,54 millones, cuenta con 19; la Ciudad, con 3,12 millones, elige 25. Casos como estos se multiplican a lo largo del mapa electoral.
Especialistas en derecho constitucional y sistemas electorales sostienen que la distorsión surge, principalmente, del adicional uniforme de tres bancas y de la cláusula que congela la representación según la realidad de 1976. Ambos mecanismos, que respondían a contextos políticos e institucionales muy específicos, se mantienen pese a haber perdido sentido en la Argentina democrática actual.
Una propuesta de actualización: más bancas y menos desigualdad
Entre las alternativas que se barajan, una de las más citadas propone elevar la base de asignación de bancas de 161.000 a 165.000 habitantes, modificando lo mínimo posible el esquema vigente. Con ese ajuste, la Cámara pasaría a tener 297 miembros. Siete distritos mejorarían su representación –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones, los que más crecieron en términos relativos– y cuatro la reducirían: la Ciudad de Buenos Aires (seis bancas menos), y Santiago del Estero, San Juan y Jujuy (una banca menos cada uno).
Con este rediseño, Córdoba alcanzaría 23 diputados y Santa Fe 21, ambas por encima de las 19 bancas que quedaría el distrito porteño. Según los cálculos difundidos, la desproporción entre distritos caería del 13,96% al 6,15%, mientras que, entre las jurisdicciones que superan el piso mínimo, la dispersión quedaría en una relación de 1,12 a 1. La Cámara crecería un 15,6% frente a un país que incrementó su población en más de 64%.
La iniciativa preserva el piso de cinco bancas por provincia, considerado un punto de consenso federal porque garantiza cierto pluralismo interno en los distritos menos poblados. Reducir ese mínimo llevaría a que algunas jurisdicciones quedaran con una o dos bancas, lo que en la práctica dificultaría –o directamente impediría– la presencia de minorías políticas en la Cámara baja.
Escalonamiento, alternativas y automatismo constitucional
Para que la reforma no resulte traumática, se plantea aplicarla de manera escalonada en dos elecciones legislativas: cada distrito elegiría la mitad de su nueva cantidad de diputados en el primer turno y completaría la transición en el siguiente. Así, la corrección se concretaría en un plazo de cuatro años sin que ningún legislador en ejercicio pierda la banca que ya ocupa.
También se menciona una variante más ambiciosa: fijar una base de un diputado cada 138.000 habitantes, lo que llevaría la Cámara a 350 bancas y permitiría que ningún distrito pierda representación. En ese escenario, la corrección de las desigualdades sería aún mayor, aunque con un costo político y presupuestario más alto, usualmente objetado bajo el argumento de la austeridad y el rechazo social al aumento de cargos.
- Actualización de parámetros de población y bancas tras cada censo.
- Mantenimiento del piso de cinco diputados por distrito como cláusula federal.
- Escalonamiento en dos elecciones para evitar la pérdida inmediata de bancas.
- Posibilidad de un esquema de 297 o hasta 350 diputados, según la base poblacional elegida.
El artículo 45 de la Constitución no fija un número de diputados: ordena que, después de cada censo, el Congreso “fije la representación con arreglo al mismo”. La omisión de actualizar la distribución de bancas desde 1983 se transformó en una deuda institucional.
En otros países, como Estados Unidos, la redistribución de escaños se realiza de forma automática tras cada censo, sin depender de acuerdos políticos puntuales. En Argentina, distintos proyectos retoman esa lógica y proponen establecer un mecanismo que obligue a adecuar la representación dentro de un plazo cierto desde la publicación de los datos censales, con una fórmula supletoria que se aplique de manera automática si el Congreso no cumple.
La discusión abre un debate de fondo sobre la calidad de la representación política y sobre el equilibrio entre proporcionalidad demográfica y federalismo. Mientras tanto, la Cámara de Diputados continúa funcionando con un mapa de bancas ajeno a la realidad del país de hoy, en lo que especialistas y dirigentes describen como una omisión institucional insostenible que el Congreso aún está a tiempo de corregir.
