Ordenan la entrega a Colombia de un presunto integrante de banda terrorista
NewsITe
El juez federal Julián Ercolini autorizó la extradición a Colombia de Brayan Ferney Cruz Castillo, ciudadano colombiano de 30 años acusado de integrar una organización criminal dedicada a la ejecución de homicidios selectivos y atentados terroristas. La decisión se inscribe en el marco de un pedido formal del Estado colombiano y de una notificación roja de Interpol que lo señalaba como prófugo internacional.
Cruz Castillo fue detenido en abril de 2026 en los tribunales porteños de la calle Paraguay al 1500, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su presencia en el país se detectó a partir del análisis de distintas direcciones IP que lo ubicaban físicamente en territorio argentino. Al momento de su arresto estaba involucrado en una causa local y había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28.
El expediente reseña que sobre él pesa una imputación en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, figuras previstas en el Código Penal colombiano. Las autoridades de ese país lo vinculan con la estructura que habría planificado y ejecutado el atentado en el que murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, en junio de 2025 en Bogotá.
El rol atribuido dentro de una organización criminal
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía colombiana, Cruz Castillo habría actuado como “marcador, vigilante y transportador” dentro de una banda estructurada, con división de tareas y finalidad ilícita. La presunta actividad del acusado se habría extendido entre enero y el 20 de junio de 2025 en la capital colombiana, desempeñando funciones de seguimiento y apoyo logístico en distintos operativos criminales.
En la causa se describe a la organización como un grupo destinado a ejecutar atentados con armas de fuego y artefactos explosivos, con el objetivo de infundir miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva. Esa calificación es coincidente con la figura de terrorismo, una de las más graves en el derecho penal internacional.
Entre finales de mayo y comienzos de junio de 2025, los jefes de la banda habrían ordenado la preparación de un ataque dirigido contra Uribe Turbay. El plan, según surge del expediente, consistía en instalar una “bomba lapa” en el vehículo en el que se trasladaba la víctima, lo que requería tareas de inteligencia previa, seguimiento de rutinas y verificación del automóvil utilizado.
La justicia colombiana sostiene que el 3 de junio de 2025 se llevó a cabo una reunión clave para reafirmar el plan criminal y distribuir funciones. En ese contexto, a Cruz Castillo se le habría asignado la tarea de ubicarse estratégicamente en el punto de salida del dirigente político, identificar el auto en el que se movilizaba y transmitir de forma inmediata esa información al resto de los integrantes, para facilitar la colocación del artefacto explosivo.
Fundamentos de la extradición y encuadre jurídico en la Argentina
En la audiencia de extradición intervino el auxiliar fiscal Martín Garrido, representante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, cuyo titular es Eduardo Taiano. El funcionario postuló que estaban dadas las condiciones para hacer lugar al requerimiento de Colombia, tanto por la gravedad de los hechos como por la compatibilidad de los delitos imputados con figuras previstas en la legislación argentina.
La fiscalía explicó que, en nuestro país, las conductas atribuidas a Cruz Castillo podrían encuadrarse como asociación ilícita agravada en concurso real con acopio y fabricación de armas, tipos penales que se agravan cuando se demuestra la finalidad de aterrorizar a la población. Este criterio, señalaron, refuerza la cooperación internacional frente a crímenes de alto impacto institucional.
En la resolución, el juzgado federal, con la intervención de la secretaria Paola Yanina Kohen, también ordenó mantener la prisión preventiva del acusado mientras se concreta el trámite de entrega a las autoridades colombianas. Además, se remitieron copias a dos tribunales orales en lo criminal y correccional para verificar si Cruz Castillo registra condenas o sentencias cumplidas en la Argentina, un paso habitual antes de disponer el traslado definitivo.
La decisión de conceder la extradición se enmarca en los compromisos de cooperación judicial internacional asumidos por la Argentina en materia de terrorismo y crimen organizado transnacional.
Con esta medida, la Justicia argentina habilita que sea la jurisdicción de origen la que continúe con el juzgamiento por el atentado que costó la vida a Miguel Uribe Turbay y por el resto de los hechos que se le atribuyen a la organización criminal investigada en Colombia.
