Acuerdos, presiones y promesas detrás del sostén al decreto
NewsITe
El oficialismo logró sostener en la Cámara de Diputados la vigencia del DNU 70/2023 gracias a una estrategia política milimetrada que combinó llamados, reuniones reservadas y una batería de promesas de obra pública para gobernadores aliados. De este modo, la sesión especial impulsada por la oposición para intentar derribar el decreto naufragó antes de comenzar, dejando planteado un interrogante sobre el futuro de la relación entre el Gobierno nacional y sus socios parlamentarios.
Según fuentes de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo un rol central en el operativo. Su objetivo fue evitar que legisladores referenciados en mandatarios provinciales considerados “dialoguistas” acompañaran el pedido de sesión para tratar el DNU. Gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut) fueron parte del mapa de negociaciones.
En paralelo, el Gobierno puso sobre la mesa un paquete de compromisos vinculados a obras clave para las provincias. En varios casos se trató de reclamos de larga data, especialmente en materia de infraestructura vial. Un ejemplo de ello es el convenio firmado por Pullaro, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que Santa Fe administre durante 20 años, con recursos propios, la Ruta Nacional A012, incluyendo mantenimiento y ejecución de nuevas obras.
En la misma línea se inscriben las gestiones de Orrego, quien se reunió con Santilli para avanzar en el tramo II de la Ruta Nacional 40, un corredor vital tanto para la seguridad vial como para la actividad económica regional. Empresarios locales vienen advirtiendo sobre el deterioro de los caminos y presionaron para que se aceleren las inversiones, temor que comparten los gobernadores ante la sucesión de accidentes.
Obras, reclamos provinciales y la reactivación de la Ley de Tierras
Otro frente de negociación se abrió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que cuestionó públicamente la licitación para la ampliación del Belgrano Cargas, donde los ramales C14 y C15 aparecían como optativos para los oferentes. Desde Nación respondieron con el compromiso de encarar inversiones y de convocar a una reunión con empresarios para asegurar mejoras en esos tramos ferroviarios estratégicos para el norte del país.
En Balcarce 50 destacan que la tarea de Santilli fue “acercar posiciones y construir acuerdos para sostener las reformas” impulsadas por el oficialismo. La lectura en el entorno presidencial es que la gobernabilidad y la continuidad del programa económico dependen, en buena medida, de este entramado de apoyos puntuales, muchas veces atados a agendas territoriales específicas.
- Compromisos de obra pública vial y ferroviaria en varias provincias.
- Negociaciones personalizadas con gobernadores catalogados como dialoguistas.
- Participación activa de dirigentes clave de La Libertad Avanza en el Congreso.
En el plano legislativo, resultó determinante la decisión de La Libertad Avanza de reponer en Diputados la derogada Ley de Tierras, originalmente eliminada por el propio DNU 70/2023. En una maniobra veloz, el oficialismo incorporó la restitución de esa norma dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, eliminando el artículo 154 del decreto y reactivando la regulación sobre compra de tierras por parte de extranjeros, un reclamo que venían sosteniendo varios gobernadores.
“El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, sostuvo el titular de Diputados, Martín Menem, al destacar el fallo de la oposición en su intento de frenar el decreto.
El presidente de la Cámara baja también fue uno de los articuladores del operativo telefónico para desalentar la presencia de legisladores en el recinto y evitar el quórum. Con la apuesta puesta en mantener en pie el DNU 70/2023, el Gobierno logró una victoria táctica en el Congreso, aunque el vínculo con los aliados queda ahora atravesado por una trama de concesiones, obras prometidas y compromisos que exigirá nuevos equilibrios en los próximos debates legislativos.
