Debate por la legitimidad del sistema representativo argentino
NewsITe
La arquitectura institucional de la Argentina vuelve a estar bajo la lupa a partir de un duro diagnóstico sobre el sistema de representación en la Cámara de Diputados. Juristas y especialistas en derecho constitucional advierten que la actual distribución de bancas se sostiene en normas dictadas por gobiernos de facto y contrarias al mandato expreso del artículo 45 de la Constitución Nacional, lo que introduce serios vicios de “ilegalidad” e “ilegitimidad”.
La Carta Magna establece que los diputados deben ser elegidos de manera proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia, sobre la base de una cifra repartidora fijada por el Congreso luego de cada censo nacional. Sin embargo, la cantidad de bancas por distrito permanece congelada desde el retorno de la democracia y se apoya en el Decreto-Ley 22.847, firmado por el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone en los años finales de la última dictadura militar, cuando el Congreso estaba clausurado.
Ese decreto fijó un piso mínimo de cinco diputados por provincia, independientemente de su población. El resultado es un esquema de sobrerrepresentación para los distritos menos poblados y de subrepresentación para los más populosos, en abierto conflicto con el principio de igualdad del voto. Un ejemplo extremo es Tierra del Fuego, que con 190.641 habitantes (Censo 2022) elige cinco diputados, es decir, uno cada 38.000 personas aproximadamente.
En el otro extremo se encuentra la provincia de Buenos Aires, que con 17.523.996 habitantes elige a 70 representantes, lo que equivale a un diputado por cada 250.342 habitantes. La consecuencia es que, en términos de peso político en la Cámara de Diputados, el voto de un ciudadano fueguino termina “valiendo” alrededor de 6,5 veces más que el de un bonaerense. Para especialistas consultados, esta brecha configura una distorsión severa del sistema federal y del ideal de “un ciudadano, un voto” con valor equivalente.
Fallos judiciales y propuestas para corregir el desequilibrio
La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre esta situación en un fallo de 2018, en el que introdujo el concepto de “geometría electoral pasiva”. Bajo esta noción, se considera que la inacción del legislador en actualizar la distribución de bancas termina manipulando, de hecho, la igualdad en la representación. El tribunal remarcó el carácter imperativo del artículo 45 de la Constitución y reclamó una ley que adecue el número de diputados de cada provincia a los datos de los censos modernos.
A pesar de estos señalamientos, y de casi 43 años de vida democrática, el Congreso no ha avanzado en una reforma integral. Entre las razones suelen mencionarse la conveniencia política de las provincias beneficiadas por el status quo y la resistencia social a ampliar el número de legisladores por temor a un mayor gasto público. Especialistas subrayan, sin embargo, que ni una cámara más numerosa garantiza menor eficiencia ni un recorte automático de bancas implica un mejor funcionamiento institucional.
- Revisión del piso mínimo de diputados para cada provincia.
- Actualización de la representación en función del Censo 2022.
- Reducción de la cifra repartidora a 140.000 habitantes por banca.
“El sistema actual consolida sobrerrepresentaciones y subrepresentaciones que vulneran la igualdad política de los ciudadanos y el espíritu republicano y federal de la Constitución Nacional”, sostienen especialistas en derecho constitucional.
Entre las iniciativas que se analizan se destaca la propuesta de fijar un mínimo de cuatro diputados por provincia, recalcular el número total de bancas en función del Censo 2022 y reducir la cifra repartidora a 140.000 habitantes. Según sus impulsores, esta fórmula permitiría corregir los desequilibrios más graves sin desbordar la estructura de la Cámara ni comprometer el equilibrio fiscal. Para avanzar en esa dirección, coinciden los expertos, será necesario un amplio acuerdo político que priorice la calidad institucional y el cumplimiento estricto de la Constitución por encima de los beneficios coyunturales de cada distrito.
