Diputados frena el debate por el Tratado de Patentes

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La Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya aprobación integra los compromisos asumidos por la Argentina en el Acuerdo Recíproco de Comercio firmado con Estados Unidos. La postergación se produce en medio de un fuerte rechazo de los laboratorios nacionales, que señalan que el capítulo II del convenio implicaría una cesión de soberanía en materia de propiedad intelectual.
Según fuentes del oficialismo en el Congreso, la decisión de frenar el debate respondió a un pedido del flamante Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que debía tratar el tema, aún no tiene nueva fecha para volver a analizar el expediente.
Desde la cartera de Desregulación explicaron que el pedido de suspensión está vinculado con la agenda del secretario Alejandro Cacace, quien se encuentra en Estados Unidos participando de actividades sobre Inteligencia Artificial junto a legisladores argentinos, invitado por la Red de Acción Política. Mientras tanto, se intensifica el lobby de los distintos sectores de la industria farmacéutica.
Choque entre laboratorios nacionales y extranjeros
El principal obstáculo para la ratificación del tratado es la resistencia de las cámaras que agrupan a los laboratorios nacionales de medicamentos. CILFA y Cooperala advirtieron en un documento enviado a Diputados que la aprobación del PCT, tal como está redactado, “configurará la cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual y anulará las actuales Guías de Patentabilidad aplicadas desde 2012, entre otras consecuencias negativas”.
Esas guías fueron aprobadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante las resoluciones conjuntas 118/2012, 546/2012 y 107/2012, recientemente derogadas por el presidente Javier Milei. Dichas normas establecían limitaciones al patentamiento de ciertos desarrollos farmacéuticos y eran consideradas favorables a la industria local, que defendía la posibilidad de producir versiones similares y más económicas de medicamentos innovadores.
La adhesión plena al PCT implica que las patentes concedidas en países miembros tengan una protección de 20 años, con un impacto directo sobre la industria farmacéutica, uno de los sectores que más invierte en investigación y desarrollo. Los laboratorios extranjeros sostienen que ese esquema es clave para resguardar las fuertes inversiones que realizan en nuevos fármacos, mientras que las firmas nacionales alertan por el encarecimiento de los tratamientos y la pérdida de competitividad.
El argumento del Gobierno a favor del PCT
Desde el Gobierno remarcan que, aun sin que la Argentina haya adherido plenamente al tratado, varios laboratorios nacionales ya utilizan el sistema PCT para resguardar sus desarrollos en el exterior. Mencionan en particular a Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andrómaco, que gestionan sus patentes a través de oficinas de otros países, con mayores costos y trámites más complejos.
En un documento interno al que accedió NA, el oficialismo puntualiza que el CONICET y la red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes PCT de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. Desde esa óptica, la no adhesión solo impone trabas administrativas y gastos adicionales a la ciencia pública y al entramado innovador local.
Además, el Gobierno sostiene que la incorporación plena al PCT no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que le abre la posibilidad futura de ser designado como Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ocurre con el INPI de Brasil. Ese rol implicaría mayores ingresos, fortalecimiento técnico y jerarquía institucional para el organismo.
“Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta” a la integración plena del INPI en el sistema internacional de patentes, señalan desde el oficialismo.
El trasfondo del debate remite a discusiones históricas en la Argentina sobre el modelo de patentes, similares a las que atravesaron la década del 90, cuando los laboratorios nacionales lograron imponerse en buena medida frente a las exigencias externas. La nueva postergación en Diputados vuelve a dejar en suspenso un tema clave para la política industrial, la salud pública y la estrategia de innovación del país.

