Proyecto de ley para restringir teléfonos móviles en prisiones
NewsITe
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca dar por terminado el uso de teléfonos celulares personales dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y fijar un nuevo esquema de comunicaciones para los detenidos, bajo control exclusivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial de La Libertad Avanza, Óscar Liberman, y cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, entre otros especialistas en materia judicial y de seguridad. El legislador decidió bautizar el proyecto como “Ley Rodrigo”, en memoria del soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde la cárcel de Magdalena.
El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado en 2020 durante la pandemia de Covid-19, que habilitó el uso de dispositivos móviles en los penales como medida excepcional. Con la emergencia sanitaria ya superada, Liberman plantea que es momento de revisar ese esquema y reforzar los mecanismos de control, al considerar que desde las celdas se montaron verdaderos “call centers del delito”.
Comunicación controlada y límite de tiempo por interno
En el texto se establece que las comunicaciones de los internos deberán realizarse exclusivamente a través de líneas fijas o dispositivos móviles provistos y controlados por el SPB. Además, fija un límite de hasta dos horas diarias por detenido para hablar con el exterior y especifica que, en ningún caso, los teléfonos podrán quedar a libre disposición de los reclusos.
La propuesta también obliga a cada unidad penitenciaria a instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia. El objetivo es evitar el uso clandestino de celulares y garantizar que toda comunicación quede registrada en los canales oficiales del sistema.
Liberman sostiene que el proyecto no crea nuevas figuras penales, sino que modifica el artículo 9, inciso 5, de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, reforzando la prohibición del uso de teléfonos particulares dentro de los establecimientos. Según explicó, la idea es ofrecer una herramienta normativa “simple y concreta”, que obligue a los legisladores a expresarse en forma clara sobre si avalan o no la continuidad de los celulares en las cárceles.
Fundamentos y alcances de la “Ley Rodrigo”
En los fundamentos, el diputado remarca que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias” para seguridad y no para castigo, lo que implica que el Estado tiene la obligación de impedir que el encierro se convierta en una plataforma para seguir delinquiendo. Bajo ese criterio, argumenta que el régimen de comunicaciones debe adecuarse a las exigencias actuales de seguridad pública y protección de las víctimas.
- Comunicación solo por teléfonos públicos o dispositivos controlados por el SPB.
- Límite diario de dos horas por interno para el uso de esos medios.
- Instalación obligatoria de inhibidores de señal y bloqueadores de datos.
- Requisas diarias para detectar y secuestrar aparatos no autorizados.
- Posibilidad de replicar el modelo a nivel nacional, si el Congreso lo decide.
El texto indica que, dentro de los diez días hábiles posteriores a la promulgación de la ley, el SPB deberá notificar a todas las personas privadas de libertad para que entreguen voluntariamente, en un plazo de 24 horas, sus teléfonos celulares, incluso aquellos no declarados. Luego, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos restantes y aplicar las sanciones previstas.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Hay sonidos de sirenas, ruidos de fondo, hasta parecen productoras audiovisuales más que una cárcel”, describió Liberman al defender el proyecto, y subrayó que la discusión “debe estar por encima de cualquier grieta ideológica”.
Ahora el texto deberá iniciar su recorrido legislativo en la provincia de Buenos Aires. Liberman adelantó que buscará el apoyo de distintos bloques y remarcó que el derecho a la comunicación de las personas detenidas seguirá garantizado, aunque bajo un régimen controlado y con horarios acotados, similar a lo que rige en otros sistemas penitenciarios del mundo.
