Un femicidio que expone el entramado de poder en Tucumán
NewsITe
El femicidio de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena, Tucumán, volvió a colocar bajo la lupa al sistema judicial de esa provincia y a sus vínculos con sectores del poder político y económico. Mientras Buenos Aires amaneció con paredes empapeladas con la frase “Destino Tucumán, paraíso penal para violadores”, el caso se convirtió en símbolo de impunidad y encubrimiento.
De acuerdo a la reconstrucción de la causa, Érika fue vista por última vez en la madrugada del 7 de enero de 2026, cuando concurrió a domicilios vinculados a Felipe Sosa, señalado como único imputado. Allí solía encontrarse con él, en viviendas ubicadas sobre las calles Frías Silva y Santo Domingo, en Yerba Buena. Horas después, su rastro digital se apagó en esa misma zona.
La investigación sostiene que Sosa habría ejercido sobre la joven una violencia física directa y extrema en la región cráneofacial y cervical. El informe preliminar de autopsia detalla traumatismos múltiples, luxación temporomandibular y lesiones compatibles con un ataque brutal ejercido por un tercero. Luego, el cuerpo fue embolsado con bolsas de consorcio negras, encintado, atado con sogas y cargado en un vehículo aún no identificado.
El cadáver de Érika apareció el 8 de enero en un descampado que funciona como basural, en la zona de El Manantial Sur. Dos vecinas encontraron el cuerpo y dieron aviso a personal de la SAT, que a su vez notificó al 911. Desde entonces, la causa avanza con cuestionamientos al fiscal Carlos Picón por la calificación elegida: un hecho que para organizaciones feministas y especialistas configura un femicidio en contexto de violencia extrema, fue encuadrado como homicidio simple.
Vínculos, fiestas privadas y sospechas de encubrimiento
En el expediente aparecen datos que alimentan las sospechas de encubrimiento y protección. El nombre de Justina Gordillo, presecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y pareja de Sosa, resuena con fuerza en tribunales y redacciones porteñas. La hermana de Érika declaró que Gordillo llamó días antes a la víctima para increparla. También habló de fiestas privadas de pocas personas, consumo de drogas y la presencia de una mujer dedicada a la prostitución que bailaba para Sosa.
La testigo precisó que esas reuniones se realizaban en dos propiedades pertenecientes a Sosa, y que lo sabía porque solía pedirle que le enviara un auto cuando Érika se quedaba sin crédito. Según su relato, el imputado se presentaba como “El Militar” y se movía con una red de contactos que hoy la investigación apenas roza.
Otro testimonio clave es el de un empleado de apellido Manca, quien relató que el 16 de enero recibió la orden de trasladar una camioneta Hilux con una caja fuerte en su interior hasta Pilar, provincia de Buenos Aires, para entregársela a Sosa. La llave del vehículo y de la empresa, aseguró, se la entregaría Gordillo. Pocos días después, el 17 de enero, Sosa fue detenido en un hotel de Pilar, con el garaje abierto y una moto comprada al contado en Tucumán.
Denuncias previas y una Justicia bajo examen
El contexto que rodea a Sosa también genera alarma. Su ex pareja y madre de sus dos hijas lo había denunciado en tres oportunidades por violencia de género y amenazas. En una de esas ocasiones, según consta en la causa, él habría intentado atropellarla con una camioneta. Pese a la gravedad de los hechos, Sosa fue sobreseído.
- Denuncias reiteradas por violencia de género sin consecuencias penales.
- Relatos de amenazas simbólicas, como el envío de un cráneo con un agujero.
- Relaciones con una funcionaria judicial de alto rango.
- Fiestas privadas con drogas y presunta explotación sexual.
En la audiencia por el femicidio de Érika, la ex pareja de Sosa volvió a declarar. Dijo tener miedo y pidió protección, al recordar que tras denunciarlo él le envió un cráneo con un orificio en el centro. Señaló además que Sosa se autodefinía como “el profesional de la violencia”. Para organizaciones de mujeres, estos elementos configuran un patrón de conducta que no fue atendido a tiempo por el Ministerio Público Fiscal.
“El femicidio de Érika es la gota que rebalsa una cloaca imposible de reparar”, sintetizan referentes feministas tucumanas, que denuncian una matriz de impunidad estructural y un uso discrecional de las herramientas legales.
El caso se inscribe en una provincia donde los atajos judiciales parecen haber reemplazado a los caminos institucionales. Colectivos feministas, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas reclaman que se recaratule la causa como femicidio, se amplíen las imputaciones y se investigue en profundidad el posible entramado de trata, explotación sexual y connivencia judicial. Con el país mirando a Tucumán, el desenlace de la causa por el crimen de Érika Álvarez se perfila como una prueba de fuego para la credibilidad de la Justicia provincial.
