El embajador Carlos Cherniak sostuvo que el gobierno argentino “valora la decisión” de Estados Unidos y vinculó al exmandatario chavista con el narcoterrorismo durante la sesión del Consejo Permanente.
El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, reafirmó el apoyo del gobierno nacional a la acción estadounidense en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. El funcionario expuso la posición oficial durante una reunión del Consejo Permanente, convocada tres días después del operativo.
“El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno, en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, señaló Cherniak.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el sábado pasado por fuerzas estadounidenses en un operativo en el que participaron 200 efectivos, según informó el Pentágono. Ambos comparecieron luego ante un tribunal de Manhattan.
Qué dijo el representante argentino
En su intervención, Cherniak vinculó a Maduro con el “narcoterrorismo” y afirmó que representa “una amenaza para el hemisferio”. También sostuvo que el gobierno chavista “quebraba el estado de derecho” y mencionó la existencia de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.
El diplomático se refirió además a la crisis migratoria venezolana y destacó que más de ocho millones de personas abandonaron el país en los últimos años. Afirmó que Maduro perpetró un fraude electoral en 2024, que dio lugar a “un gobierno legítimo e ilegal”.
En otro pasaje, pidió por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, expresó.
Finalmente, Cherniak reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “insista en una visita al país para verificar el estado de los presos políticos”. Organizaciones de derechos humanos sostienen que en Venezuela hay más de 800 personas detenidas bajo esa calificación.
