El juez federal Martín Cormick había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. Tras la apelación del Gobierno, la sentencia quedó suspendida y el protocolo continúa vigente hasta que se expida la Cámara.
El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes. Según informó el Ministerio de Seguridad, “el juzgado concedió el recurso con ‘ambos efectos’, es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación”. “Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando”, advirtió la cartera.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un amparo colectivo para que el protocolo fuera declarado inconstitucional. El juez Cormick aceptó el planteo, pero la apelación del Gobierno dejó esa decisión en suspenso hasta una nueva resolución judicial.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al tema a través de la red social X. “EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, escribió.
Y agregó: “Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.
Controversias por la aplicación del protocolo
En su fallo original, el juez Cormick afirmó que “se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Además, indicó que quienes se consideren afectados por la aplicación del protocolo podrán recurrir a la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuará acorde a las competencias que la ley le otorga”.
Una vez conocido el fallo, el Gobierno confirmó que apelaría la decisión. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, expresó Monteoliva.
Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
