Vecinos y comerciantes señalan que el problema no pasa únicamente por la nueva tasa, sino por el manejo de los recursos municipales. Reclaman más transparencia, planificación y control del gasto antes de volver a trasladar la carga fiscal al contribuyente.
El intendente Mauro Poletti avanzó en la implementación del nuevo Código Tributario Municipal y encendió una fuerte polémica en Ramallo al disponer la puesta en vigencia de una nueva tasa de mantenimiento vial que gravará con un 2% cada litro de combustible expendido en todas las estaciones de servicio del distrito. La medida, que comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero, fue notificada formalmente a las estaciones el martes 23 de diciembre y ya genera un profundo malestar entre vecinos, comerciantes y sectores productivos.
El nuevo Código Tributario, que reemplaza la histórica ordenanza fiscal e impositiva, fue aprobado con el respaldo del bloque de concejales oficialistas que responden al intendente Poletti. Desde la oposición vienen advirtiendo que el paquete de nuevas tasas implica un incremento directo de la presión fiscal sobre la comunidad, en un contexto económico complejo, donde los salarios y la actividad comercial se encuentran seriamente resentidos.
El principal tributo cuestionado es la tasa de mantenimiento vial, que establece un recargo del 2% sobre el precio por litro de nafta, gasoil y GNC. Durante el debate legislativo, tanto el Ejecutivo como los concejales oficialistas habían sostenido que se trataba de una “herramienta de contingencia”, pensada para ser utilizada únicamente ante situaciones excepcionales de crisis económica o financiera. Incluso, el propio Poletti había asegurado que su eventual aplicación se limitaría a las estaciones de servicio ubicadas sobre el corredor de la Ruta 9.
Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Las notificaciones enviadas por el Municipio confirman que la tasa se aplicará de manera generalizada, alcanzando a todas las estaciones del casco urbano y de la autopista. Esta decisión desató críticas no solo por el impacto en el bolsillo de los vecinos, sino también por la forma en que se avanzó: sin debate público, sin campañas informativas previas y con un Ejecutivo que parece priorizar la recaudación antes que la eficiencia en la administración de los recursos existentes.
Empresarios del sector anticiparon que el aumento será trasladado íntegramente a precios, lo que significa que cada vecino de Ramallo pagará desde enero un combustible más caro. En algunas estaciones ya se evalúa la colocación de cartelería que informará que el incremento responde a un tributo municipal, dejando en claro que no se trata de una decisión de las empresas sino de una política fiscal local.
La preocupación no se limita al expendio de combustibles. El encarecimiento del litro impactará en toda la cadena comercial y productiva: transporte, distribución de mercadería, servicios y, especialmente, en los trabajadores que utilizan sus propios vehículos para movilizarse. En este contexto, crece el cuestionamiento hacia el Ejecutivo y su bloque de concejales por avanzar con nuevos impuestos sin haber demostrado previamente una mejora en la cobrabilidad de las tasas ya vigentes.
Vecinos y comerciantes advierten que el problema no es solo la creación de una nueva tasa, sino el desmanejo de los recursos municipales. Se reclama mayor transparencia, planificación y control del gasto, antes de seguir trasladando la carga fiscal al contribuyente. La sensación generalizada es que se vuelve a optar por el camino más fácil: subir impuestos, en lugar de ordenar las cuentas, mejorar la recaudación existente y priorizar las verdaderas necesidades del distrito.
