El ingeniero Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), en diálogo con este medio, consideró un “grave error” la disolución del histórico organismo. Cuestionó además el nuevo plan de concesiones viales y denunció que “el usuario está cada vez más desamparado”.
De la redacción de EL NORTE
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El ingeniero Ricardo Lasca, representante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), conversó con EL NORTE tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue presentada como parte del plan de ajuste estatal que impulsa la gestión de Javier Milei.
Lasca, con una larga trayectoria en la materia, expresó su preocupación por la decisión. “Nos parece un grave error. Vialidad Nacional es un organismo emblemático. Decir que es corrupta como institución es un error: la corrupción es responsabilidad de quienes la administraron políticamente, no de sus trabajadores ni técnicos, que son excelentes profesionales y quedarán en la calle”, afirmó en diálogo con este medio. “Tal vez haya necesidad de reorganización o se detecten casos de personal innecesario. Pero eso no justifica una disolución. El Estado Nacional no puede desatenderse del mantenimiento de la red vial”.
Lasca también alertó sobre la implementación de la Red Federal de Concesiones, impulsada por el Ejecutivo. Según explicó, el plan no está acompañado de estudios técnicos ni prevé obras estructurales relevantes. “No hay previsión de nuevas autovías ni autopistas, ni ampliación de calzadas para evitar choques frontales. Es un maquillaje: corte de pasto, bacheo, y un 115% más de estaciones de cobro. Un ejemplo claro es la Ruta 3, donde habrá ocho cabinas de peaje sólo entre Capital Federal y Bahía Blanca”, indicó.
Desde su mirada, el sistema vial argentino sufre una estafa sostenida en el tiempo, con concesiones prolongadas a 20 o 30 años, sin contraprestaciones adecuadas y carentes de estudios tarifarios actualizados. Lasca advirtió que las nuevas concesiones implican contratos a muy largo plazo, que dejarán a los ciudadanos como “rehenes” de un esquema ineficiente durante décadas. “Es falso que el peaje lo paga sólo quien usa el camino. En realidad, lo que se paga en las rutas argentinas no es un peaje, es un impuesto al tránsito. Y éste impuesto lo paga toda la comunidad, use o no use la red vial. El ciudadano que compra un kilo de yerba está pagando el peaje”, remarcó.
En este mismo aspecto, añadió: “Acá nadie habla de lo esencial: la inconstitucionalidad del sistema actual, que no garantiza el camino alternativo libre de pago ni evita la doble imposición, es decir, el cobro simultáneo tanto del impuesto a los combustibles como del peaje, por el uso de rutas ya construidas y mantenidas con fondos públicos”.
Una mirada crítica ante la situación actual
Además, Ricardo Lasca planteó una inquietud central: qué ocurrirá con los casi 30.000 kilómetros de rutas que no están incluidos en las nuevas concesiones. “Van a quedar a la buena de Dios”, lamentó. “El Estado nacional se desentiende, y las provincias tampoco tienen capacidad de respuesta. Estamos frente a una situación alarmante que afecta directamente a la conectividad y a la producción en el interior del país”.
El ingeniero señaló también su preocupación tras las recientes audiencias públicas realizadas en distintos puntos del país, entre ellos San Nicolás, en torno a las futuras concesiones. “Son meros formalismos para cumplir con la norma, pero no abordan los problemas de fondo”, cuestionó. En este aspecto, también lamentó la escasa participación de legisladores, quienes —según subrayó— “deberían ser nuestros representantes en estas instancias” pero estuvieron prácticamente ausentes. “Si hubo dos o tres, fue mucho”, dijo, señalando además la falta de referentes del transporte, del sector agropecuario y de organismos de defensa del pueblo. “Así no hay posibilidad de debate real ni de construcción democrática”, afirmó.
El sistema de concesiones, bajo la lupa
Desde su mirada, el sistema vigente convierte a los usuarios en rehenes de las concesionarias. “En lugar de servir a la ciudadanía, las rutas se usan como espacios para negocios privados. Se malversan los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles —que debería destinarse a obras— y se entrega la red vial sin exigir inversiones reales”.
Sobre la reunión que mantuvo con el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comentó que fue cordial y permitió expresar reclamos y propuestas. Sin embargo, lamentó que no se concretara luego una nueva audiencia prevista con el Ministerio de Economía. “Nosotros no sólo tenemos críticas: contamos con proyectos, con alternativas viables, bien estudiadas, para desarrollar una red vial federal eficiente sin que recaiga todo sobre el bolsillo del usuario”, subrayó.
En este sentido, Lasca citó el ejemplo de Estados Unidos, país que se desarrolló toda una red federal de autopistas ya en la década del 50, utilizando un sistema inteligente y transparente de financiamiento a través del impuesto a los combustibles. Pero en Argentina, señaló el ingeniero, esos fondos se desvían. “El problema no es la falta de dinero, sino cómo se administra. Con lo que se recauda por ese concepto podrían invertirse unos 2.000 millones de dólares por año en rutas, generando empleo de calidad, reduciendo siniestros y fortaleciendo el turismo y la producción”, apuntó.
“Además —concluyó Lasca—, esta desinversión prolongada no es un mero desajuste económico: es responsable de numerosos siniestros viales y, por consiguiente, ha significado la pérdida de miles de vidas humanas en las últimas décadas. Muchos accidentes podrían haberse evitado si se hubieran hecho las obras necesarias. Esperamos pronto poder hallar una respuesta positiva de parte de nuestros gobernantes”.
