La Corte dejó firme el juicio por el robo de vacunas Sputnik V
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el avance a juicio oral contra Gabriela Vanesa Torres, enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, acusada por el presunto hurto de vacunas Sputnik V contra el coronavirus durante los primeros meses de la campaña de inmunización, en plena pandemia.
Según la investigación, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021 se habrían desviado al menos 30 dosis de la vacuna rusa que estaban destinadas exclusivamente a grupos de riesgo y personal estratégico. Esas dosis, de acuerdo con la acusación fiscal, se utilizaron para inmunizar a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros, que en ese momento no integraban las franjas prioritarias establecidas por las autoridades sanitarias nacionales.
Torres fue imputada junto con la enfermera Analía Muñoz, ya condenada en la misma causa, y se las señala como las encargadas de coordinar la sustracción de las vacunas a cambio de una contraprestación económica. El caso tomó especial relevancia pública porque se produjo en la etapa inicial del operativo de vacunación, cuando las dosis llegaban al país en forma limitada y bajo estrictos criterios de distribución y resguardo.
Durante la instrucción del expediente, Torres había sido procesada por encubrimiento. Sin embargo, al llegar el caso a juicio oral, la fiscalía reformuló la acusación y la imputó por el delito de hurto, al entender que su participación habría sido más directa en la maniobra de desvío de vacunas.
Revés para la defensa y rol de Casación
El Tribunal Oral Federal que intervino en primera instancia absolvió a Torres. Los jueces entendieron que la modificación de la calificación legal por parte de la fiscalía afectaba el principio de congruencia y el derecho de defensa, por lo que declararon la nulidad del alegato acusatorio y dejaron a la enfermera libre de culpa y cargo.
Esa decisión fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Por mayoría de dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país anuló el sobreseimiento al considerar que no hubo cambios en la base fáctica de la acusación y que la pena solicitada resultaba incluso más benigna dentro de la escala aplicable, por lo que no se vulneraban garantías constitucionales.
La defensa de Torres llevó entonces la discusión a la Corte Suprema, alegando que la resolución de Casación vulneraba el principio del non bis in idem —que prohíbe el doble juzgamiento por el mismo hecho— y el principio de congruencia procesal. El máximo tribunal, sin embargo, declaró el recurso inadmisible y ratificó la validez del fallo de Casación, abriendo así el camino para que Torres sea nuevamente juzgada.
Condenados y acusados en el caso Camioneros
Además de las enfermeras, la causa alcanzó a integrantes y allegados al Sindicato de Camioneros, señalados como beneficiarios de las dosis obtenidas de manera irregular. Entre los condenados figura Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del gremio, quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de cohecho activo, al haber entregado dinero para que se incumplieran los deberes funcionales y se concretara la vacunación.
- Se investiga el destino de al menos 30 dosis de Sputnik V desviadas del Hospital Regional.
- Veintiún afiliados o allegados a Camioneros habrían sido vacunados fuera del esquema oficial.
- Las enfermeras son señaladas como nexo clave entre el hospital y el sindicato.
En un tramo conexo del expediente, también se acusó a la veintena de afiliados que recibió las dosis de forma irregular. Inicialmente, la Justicia avaló la suspensión del juicio a prueba (probation) para ellos, a cambio del pago de una reparación económica y el cumplimiento de reglas de conducta por un año. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que todos sean sometidos a juicio, entre ellos el exsecretario general de Camioneros en Comodoro Rivadavia, Jorge Taboada.
El caso vuelve a encender el debate sobre el control estatal de las campañas de vacunación y las responsabilidades penales ante el desvío de bienes públicos esenciales en contextos de emergencia sanitaria.
Con la decisión de la Corte Suprema, el expediente queda listo para que el Tribunal Oral vuelva a tratar la responsabilidad penal de Torres y del resto de los acusados, en una causa que combina corrupción, manejo de recursos sanitarios en pandemia y el rol de estructuras gremiales en hechos de gravedad institucional.
