Crecen las críticas internacionales a la actuación del fiscal Arrigo
NewsITe
El debate en torno a la causa que investiga por trata de personas al ciudadano ruso Konstantin Rudnev y a otros imputados en Bariloche sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR), una ONG con sede en Turín, Italia, presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo ante la Procuración General de la Nación y reclamó que se evalúe su apartamiento del expediente.
En el escrito, firmado por el profesor Massimo Introvigne, director ejecutivo de ORLIR, la organización plantea serias dudas sobre el desempeño del fiscal en una causa que, según sostiene, podría estar atravesada por persecución política y religiosa iniciada en Rusia. La entidad, que dice trabajar en foros como Naciones Unidas y el Parlamento italiano, considera a Rudnev como un disidente perseguido en su país de origen por sus ideas y creencias.
La presentación solicita que se investigue el proceder de Arrigo y se analice si su actuación respetó los estándares de objetividad, proporcionalidad y resguardo de derechos fundamentales que rigen la tarea del Ministerio Público Fiscal. Para ello, ORLIR pide revisar especialmente cinco ejes: el uso de información proveniente de organismos rusos, el trato dado a la ciudadana rusa Elena Makarova, la extensión de la prisión preventiva, la negativa al arresto domiciliario y la valoración de los informes médicos incorporados al expediente.
Cuestionamientos por pruebas, prisión preventiva y salud
Uno de los señalamientos centrales apunta a la utilización de documentación facilitada por autoridades rusas. La ONG remarca que el sistema judicial de ese país es objeto de críticas internacionales por su trato hacia disidentes políticos y religiosos, y reclama que se determine qué peso real tuvo ese material en la investigación desarrollada en la Argentina.
Otro foco de la denuncia se dirige al rol de la Fiscalía frente a Elena Makarova, presentada como presunta víctima. ORLIR recuerda que la mujer manifestó en varios momentos que no se considera víctima de Rudnev e incluso sostuvo que no lo conocía personalmente. La organización entiende que esas afirmaciones no habrían sido adecuadamente valoradas y reclama que se revisen las decisiones adoptadas tras los escritos y presentaciones que ella realizó durante 2025, entre ellos una carta manuscrita dirigida al juez federal Gustavo Zapata y denuncias sobre presuntas irregularidades en su alojamiento tras dar a luz.
La ONG también cuestiona la prolongación de la prisión preventiva de Rudnev, detenido desde marzo de 2025. Señala que la Fiscalía insistió en mantener el encarcelamiento mientras avanzaban las medidas de prueba y reclama que se determine si, en cada prórroga, existieron riesgos procesales concretos que justificaran esa decisión, recordando que la privación preventiva de la libertad debe ser excepcional y no operar como castigo anticipado o mecanismo de presión.
Arresto domiciliario, informes médicos y posible sanción
El texto detalla además la controversia en torno al arresto domiciliario. En abril de 2026, un tribunal de revisión de General Roca autorizó a Rudnev a continuar la preventiva en una vivienda de San Vicente, provincia de Buenos Aires, con monitoreo electrónico. Sin embargo, la Fiscalía apeló y, en junio de ese año, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la medida y volvió a privilegiar el alojamiento carcelario, postura que ORLIR considera necesario examinar en detalle.
La denuncia menciona que, si bien los fiscales Tomás Labal y Gustavo Révora intervinieron en distintas audiencias y recursos, ambos lo hicieron dentro de la estructura que encabeza Arrigo. Por eso, la organización pide a la Procuración que determine el grado de participación, conocimiento y eventual responsabilidad funcional del titular de la dependencia, sin atribuirle de manera automática todas las decisiones de sus subordinados.
Entre los elementos más recientes, ORLIR incorpora un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal, fechado el 8 de octubre de 2026, tras una evaluación realizada en el domicilio de Rudnev. De acuerdo con la transcripción aportada, los peritos concluyeron que el imputado no reúne las condiciones físicas para permanecer en un establecimiento penitenciario. La organización detalla que, entre mayo y septiembre de 2026, Rudnev fue sometido a tres cirugías y presenta complicaciones neurológicas y cardiovasculares, severas dificultades de movilidad y necesidad de asistencia permanente.
Desde la defensa y el entorno familiar consideran que este dictamen respalda los reclamos previos sobre el estado de salud del imputado. Su esposa, Tamara Rudneva, celebró la nueva presentación internacional y confió en que otras organizaciones sigan el mismo camino, reforzando el seguimiento externo del caso. La ONG, por su parte, pidió que se determine si Arrigo incumplió los deberes establecidos en la Ley 27.148 y, de confirmarse las irregularidades, se avance en un procedimiento disciplinario que incluya eventuales sanciones y la posibilidad de su reemplazo. La decisión quedará ahora en manos de la Procuración General de la Nación y de los órganos disciplinarios competentes.
