El Ministerio de Defensa ordenó avanzar con los Consejos de Disciplina, que podrían derivar en la destitución de los involucrados. La investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas por casi $981 millones y el caso también está bajo investigación de la Justicia Federal.
La Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares y puso en marcha un proceso disciplinario a raíz de una investigación interna por presuntas irregularidades en el sistema de liquidación y pago de haberes.
La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, luego de la orden impartida por el ministro de Defensa, Carlos Presti. Los efectivos quedaron sometidos a un procedimiento que podría derivar en la máxima sanción prevista por el régimen militar, que es la destitución.
El caso surgió a partir de una investigación realizada por la propia Armada. Según la documentación reunida, entre julio de 2022 y enero de 2026 se detectaron 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por un total de $981.148.567,88.
Las actuaciones fueron posteriormente remitidas a la Justicia Federal, que también investiga el caso.
Cómo comenzó la investigación
Las primeras irregularidades fueron detectadas en febrero de este año, durante una revisión de la liquidación correspondiente a enero. En ese momento se encontraron pagos de suplementos que no correspondían a cinco integrantes del Departamento Revista.
A partir de ese hallazgo, la Armada decidió ampliar el análisis hacia períodos anteriores y comparar las liquidaciones originales con los recibos, los archivos enviados al Banco Nación y las acreditaciones efectivamente realizadas.
La investigación permitió detectar pagos que no figuraban en las liquidaciones, duplicaciones y transferencias a personas que no tenían vínculo con la fuerza.
Según la denuncia, las modificaciones podían realizarse después del cierre de las liquidaciones y antes de la transmisión definitiva de los archivos al banco. De esta manera, determinados pagos podían concretarse sin quedar reflejados posteriormente en los recibos de haberes.
Casi $1.000 millones involucrados
El relevamiento identificó a 23 beneficiarios. Entre ellos hay militares, civiles vinculados a la Armada y personas que, de acuerdo con la investigación, no tenían relación con la institución.
Entre los casos detectados también aparecen cuatro personas ajenas a la fuerza que recibieron, en conjunto, 184 acreditaciones por más de $434 millones.
La investigación deberá determinar ahora qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados y cuál fue su grado de conocimiento y participación en las operaciones cuestionadas.
La aparición de una persona como beneficiaria de una acreditación irregular no implica por sí misma que haya participado en la generación o modificación de los pagos.
El caso tiene una investigación administrativa y otra judicial
El expediente avanza por dos vías. Por un lado, la Armada inició los Consejos de Disciplina para establecer las eventuales responsabilidades de sus integrantes.
La destitución constituye la máxima sanción prevista por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas e implica la pérdida definitiva del grado y la baja de la institución.
Por otro lado, la Justicia Federal busca determinar si las irregularidades constituyeron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde en cada caso.
Mientras continúa la investigación judicial, la Armada avanza con las actuaciones internas ordenadas por el Ministerio de Defensa y los militares involucrados deberán atravesar los procedimientos correspondientes, en los que también podrán ejercer su derecho de defensa.
