Las familias nicoleñas denuncian que el Instituto de Obra Médico Asistencial en la provincia aplica rechazos o restricciones para el acceso a servicios y demoras en autorizaciones, auditorías y entrega de medicamentos, entre otras cuestiones. Asimismo, prestadores de diversas terapias y servicios afines se mantuvieron en alerta esta semana por pagos adeudados de distintas obras sociales, que, finalmente, se depositaron en las últimas horas. El comité de profesionales del sector en nuestra ciudad había anunciado que lanzaría un paro por tiempo indeterminado, el cual fue desactivado ante la regularización.
De la Redacción de EL NORTE
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Familiares de personas con discapacidad se movilizaron esta semana frente a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en La Plata para reclamar por las dificultades que atraviesan para acceder a tratamientos médicos. La convocatoria fue realizada por el colectivo Nosotras, integrado por madres de personas con discapacidad, que también llamó a participar a afiliados, prestadores y organizaciones de distintos puntos de la provincia. Denuncian pagos pendientes y obstáculos para garantizar la atención. En nuestra ciudad, la problemática es compartida y se presentan diversas situaciones según el caso, de acuerdo con lo comentado a EL NORTE por las mismas familias: rechazos ante la solicitud de asistencia a centros educativos terapéuticos, incumplimientos de nomenclador, restricción de terapias, demoras en las autorizaciones y auditorías, y retrasos en la entrega de medicamentos, entre otras cuestiones.
Cintia –madre de Juan Ignacio, de 10 años, diagnosticado con autismo– comentó a este medio que las terapias las tramitan por la obra social del padre, dado que por el IOMA tienen numerosos inconvenientes. “Para empezar, muchos profesionales no la aceptan porque ellos fijan su propio arancel sin aplicar el nomenclador único. Actualmente nos rechazaron el centro educativo terapéutico con el argumento de que mi hijo realiza otras terapias. Restringen las prestaciones y ellos deciden cuántas aprueban por semana. Últimamente se profundizaron los problemas: tardan con las autorizaciones o directamente las rechazan. Somos muchas las familias que tenemos dificultades para acceder a la cobertura de esta obra social provincial. También rechazan acompañantes terapéuticos para escuelas especiales y demoran con la entrega de los medicamentos”, precisó.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires adhirió ayer a la Ley Nacional 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad. Las familias esperan que la iniciativa aporte soluciones a la problemática en el territorio bonaerense.
Aumentos insuficientes
Los prestadores –por su parte– sostuvieron en diálogo con este medio: “El pequeño índice de aumento que recibimos todos los meses en relación con la inflación sigue siendo insuficiente en el sentido de que no se actualizó el valor de la sesión. Está muy por debajo del mínimo ético que un profesional debería cobrar. Nos preocupó que la semana pasada no recibiéramos el pago habitual de las obras sociales para esa altura del mes. Cuando empezamos a indagar, la respuesta fue que la Superintendencia de Servicios de Salud no les giró el dinero correspondiente, y este organismo a su vez responsabilizó a la ARCA de la falta de giro de fondos por la falta de recaudación ante la caída del empleo formal. Los pagos adeudados eran de mayo y junio, y algunos hasta de abril; meses atrasados. Siempre que suceden este tipo de situaciones, nos encontramos en estado de alerta”.
Respecto de la situación de acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y psicólogos en relación con el IOMA –aunque no es la única obra social con la que el sector tiene inconvenientes–, esta sería más compleja y con demoras en los pagos más marcadas.
En tanto, el Comité de Discapacidad de San Nicolás había comunicado que, si para el viernes no se regularizaba la deuda, suspenderían las actividades. Finalmente, los pagos comenzaron en las últimas horas y la medida prevista quedó sin efecto.
Dificultades para sostener servicios
Desde el colectivo Nosotras denunciaron a IOMA por demoras en los pagos, reintegros pendientes y obstáculos para garantizar la continuidad de distintas prestaciones. También advierten que la situación alcanza a centros de atención y prestadores de la región, quienes acumulan deudas y enfrentan dificultades para sostener los servicios.
“Detrás de cada prestación demorada, hay una persona que necesita una terapia, un acompañamiento, un transporte, un tratamiento, un medicamento o un dispositivo de apoyo para poder desarrollar su vida con autonomía y dignidad”, expresaron como parte de la convocatoria que tuvo lugar el martes pasado.
Las familias también ponen el foco en la situación de las madres y cuidadoras, quienes aseguran que las demoras y trabas administrativas generan una sobrecarga que deben afrontar diariamente. “Somos quienes muchas veces tenemos que dejar de trabajar, reorganizar nuestras familias, afrontar gastos que no podemos sostener y convertirnos en gestoras de trámites interminables”, señalaron.
Desde el colectivo remarcaron que la protesta busca visibilizar una problemática que, según sostienen, afecta directamente la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad. “No reclamamos privilegios. Reclamamos derechos”, afirmaron y agregaron: “Nuestros hijos e hijas no pueden esperar. Las terapias no pueden esperar. Los tratamientos no pueden esperar. Las familias tampoco podemos seguir sosteniendo solas una situación que corresponde resolver a quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud”, concluyeron.
Por otra parte, la oposición nacional en la Cámara de Diputados impulsa una agenda propia con la emergencia en discapacidad como uno de sus ejes. Ocho bloques presentaron un proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año según lo dispuesto por la Ley 27.793.
