Ignacio Mahiques quedó a cargo de revisar la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto la nueva edad de punibilidad y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo. La Fiscalía busca revertir la decisión y también solicitó apartar a la magistrada del expediente.
La apelación contra el fallo que sobreseyó a un adolescente de 14 años ya tiene juez. El camarista Ignacio Mahiques quedó a cargo de revisar la resolución dictada por Laura Beatriz De Marinis.
Según informó Infobae, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires presentó el recurso luego de la decisión de la magistrada. De Marinis declaró inconstitucional para este caso la aplicación de la nueva edad mínima de punibilidad y dispuso el sobreseimiento del adolescente.
La Fiscalía busca que la Cámara revoque esa resolución. Además, solicitó que la jueza sea apartada del expediente y que otro magistrado continúe con la causa.
El caso que originó la discusión
El episodio ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 6.30, en Godoy Cruz al 2500, en el barrio porteño de Palermo. Un hombre de 47 años denunció que un grupo de adolescentes intentó quitarle sus pertenencias.
La víctima pidió ayuda y efectivos policiales intervinieron antes de que se concretara el robo. Los adolescentes intentaron alejarse del lugar, pero fueron detenidos.
Uno de los involucrados, identificado por sus iniciales M.I.A., tiene 14 años. Quedó imputado por tentativa de robo.
La Fiscalía también planteó que debía analizarse una posible agravante. El punto a determinar es si el delito fue cometido en poblado y en banda.
El expediente quedó atravesado por la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa estableció en 14 años la edad mínima de punibilidad.
La defensa cuestionó la aplicación de la nueva ley en este caso. El planteo llegó entonces al juzgado de De Marinis.
El fallo de la jueza
El 21 de septiembre, la magistrada declaró inconstitucional el artículo 1.º de la Ley 27.801 para este expediente. También ordenó el sobreseimiento del adolescente.
Para tomar esa decisión, consideró las condiciones personales y familiares del menor. También evaluó su situación de vulnerabilidad y las características del episodio investigado.
Otro elemento considerado fue que la víctima no sufrió lesiones. La jueza analizó esas circunstancias antes de resolver el planteo presentado por la defensa.
Además, ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. El organismo deberá establecer medidas de acompañamiento familiar, educativo y social.
Desde el juzgado aclararon después el alcance de la resolución. La declaración de inconstitucionalidad se aplicó únicamente a este caso y no anuló la vigencia general de la ley.
La Fiscalía apeló la resolución
Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron el fallo. Ambos cuestionaron la interpretación constitucional realizada por De Marinis.
Según el planteo fiscal, la edad de punibilidad funciona como una regla general. Las circunstancias particulares de cada adolescente deben analizarse al momento de establecer las medidas correspondientes.
La Fiscalía también objetó otro punto de la resolución. Cuestionó que la magistrada utilizara disposiciones de la Ley 22.278, correspondiente al régimen anterior, para fundamentar el sobreseimiento.
El recurso también discute el análisis sobre los estándares internacionales de protección de niños y adolescentes. Los fiscales consideran que el fallo no explicó suficientemente por qué el nuevo régimen sería incompatible con la Constitución en este expediente.
Ahora, Mahiques deberá revisar los argumentos de ambas partes. Tendrá que resolver si mantiene el sobreseimiento o revoca la decisión de De Marinis.
Una denuncia contra De Marinis
La discusión también llegó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia de 22 páginas contra De Marinis.
La presentación se formalizó el miércoles 23 de septiembre. Allí se solicita investigar un presunto mal desempeño y un posible desconocimiento inexcusable del derecho.
El Gobierno porteño cuestionó, entre otros puntos, el procedimiento utilizado por la magistrada. La crítica se concentra en la decisión de no aplicar la nueva normativa en este expediente.
El Consejo de la Magistratura deberá analizar ahora la presentación. Tendrá que determinar si existen elementos para iniciar una investigación disciplinaria.
La denuncia y la apelación avanzarán por caminos diferentes. El Consejo analizará la actuación de la magistrada, mientras que la Cámara deberá resolver la discusión judicial sobre el adolescente investigado.
