El Templo Filadelfia era un culto evangélico con sede central en San Justo, inscripto formalmente en el Registro Nacional de Cultos desde 1981. La Justicia determinó que detrás de esa estructura religiosa operó durante décadas un sistema de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín condenó a 27 integrantes del denominado Templo Filadelfia a penas de hasta 24 años de prisión por delitos que incluyen asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La organización se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Cultos como una congregación evangélica. Tenía su sede central en San Justo, partido de La Matanza, y llegó a expandirse por distintos puntos de Argentina, Paraguay y Brasil.
La condena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, conocida dentro de la organización como “Tía Eva”. La mujer, de 81 años, recibió 24 años de prisión al ser considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita. Asimismo, se la estableció como coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También recibió condena por su participación en delitos relacionados con la identidad y la sustracción y retención de un menor.
La sentencia llegó después de un juicio que comenzó en octubre de 2024 y durante el cual declararon más de 200 testigos. La investigación ubicó el funcionamiento de la organización entre 1972 y el 1.º de diciembre de 2020: casi cinco décadas durante las cuales la estructura se extendió mucho más allá de su sede de San Justo.
Qué era el Templo Filadelfia
El Templo Filadelfia funcionaba como un culto evangélico y se encontraba formalmente inscripto en el Registro Nacional de Cultos. La sentencia dispuso ahora cancelar esa inscripción y comunicar la decisión a la Secretaría de Culto.
Según quedó acreditado durante el juicio, detrás de esa estructura religiosa funcionaba un sistema que captaba a personas en situación de vulnerabilidad y ejercía un fuerte control sobre diferentes aspectos de sus vidas. La organización mantenía una rígida jerarquía interna y utilizaba las creencias religiosas para reforzar la obediencia hacia quienes ocupaban los niveles superiores.
El sometimiento incluía aislamiento, vigilancia, castigos y control sobre los vínculos personales. Las víctimas también realizaban diferentes trabajos sin recibir un salario y debían entregar a la organización el dinero que obtenían.
Entre las actividades se encontraban la elaboración y venta ambulante de panificados y otros productos, tareas domésticas, albañilería, construcción, limpieza y trabajos rurales. Parte de los integrantes también debía atender personalmente a quienes ocupaban los niveles superiores de la estructura.
Un patrimonio de decenas de propiedades
La dimensión económica de la organización también quedó reflejada en la sentencia. El tribunal ordenó decomisar 46 inmuebles distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro, además de 12 vehículos y dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera. También mantuvo la subasta de otros 15 automotores.
La Justicia estableció además reparaciones económicas para 27 víctimas por un total superior a $2.170 millones. Los montos individuales deberán actualizarse de acuerdo con la tasa activa del Banco Nación.
El fallo también alcanzó aspectos de la vida personal de quienes estuvieron sometidos a la organización. El tribunal anuló dos matrimonios celebrados entre víctimas al determinar que a los contrayentes se los obligó a casarse sin prestar libremente su consentimiento.
Asimismo, ordenó modificar la filiación materna de dos personas después de establecer que las mujeres registradas como sus madres no eran sus progenitoras biológicas.
La líder recibió 24 años de prisión
Además de los 24 años impuestos a Pereyra, Rigoberto Ismael Mora Bogado recibió una condena de 21 años. Otros integrantes fueron sentenciados a penas de 18, 15, 14, 10 años y 9 meses y períodos menores, hasta llegar a una condena mínima de 3 años y 9 meses.
Dos de los acusados fueron absueltos de los cargos por trata de personas agravada y reducción a la servidumbre, aunque resultaron condenados por asociación ilícita. El tribunal también declaró prescriptos determinados episodios que habían afectado a nueve personas.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 18 de noviembre. Con el veredicto terminó la etapa oral de una causa que reconstruyó el funcionamiento durante casi medio siglo del Templo Filadelfia y las condiciones a las que fueron sometidas sus víctimas.
